Madrid, 12 sep (.).- El Instituto de Estudios Económicos (IEE) cree que el nuevo gravamen temporal a las grandes entidades bancarias vulnera la legalidad constitucional y la comunitaria, por lo que aseguran que finalmente será revertido y las cantidades abonadas, devueltas.
"Es un impuesto ilegal y difícilmente constitucional", ha resumido este lunes el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, durante la presentación de un estudio sobre la legalidad de este gravamen, cuya admisión a trámite votará este martes el Congreso.
El tributo está recogido en una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos y fija un tipo del 4,8 % sobre el margen de intermediación de los grandes bancos, siempre que la entidad superara los 800 millones de intereses y comisiones brutas en 2019.
El estudio del IEE ve irregularidades en prácticamente todos los aspectos formales del recargo, empezando por el hecho de que se trate de una proposición de ley, una vía que elude la fase de audiencia pública y el informe del Banco de España.
El estudio carga especialmente por la forma dada al recargo, de prestación patrimonial pública no tributaria, ya que según los expertos que han elaborado el informe es en realidad un impuesto, principalmente porque su recaudación se destinará a los gastos generales del Estado y no a un fin específico.
A esto se suma que el tributo tiene carácter retroactivo, ya que el umbral de tributación se sitúa en el año 2019 aunque no se abone hasta 2023, y una articulación deficiente, ya que no define con claridad ni qué son los beneficios extraordinarios ni quiénes son los obligados al pago, entre otros conceptos.
También critican una supuesta doble imposición porque el recargo afecta a un concepto que ya está gravado por el impuesto de sociedades, lo que "desdibuja la capacidad económica", según el director del informe Juan Martín Queralt, y podría disparar los tipos efectivos de ambas figuras hasta el 35 o el 40 %.
Al mismo tiempo, se produce "una quiebra de los principios sancionadores", que tendrían que estar "perfectamente delimitados" pero, en lugar de ello, el texto muestra un "marco absolutamente abierto" que multa la traslación del recargo a los clientes, lo que podría vulnerar la libertad de empresa.
En el ámbito del derecho comunitario, "se vulneran claramente tres libertades fundamentales", según Queralt, las de establecimiento, prestación de servicios y circulación de capitales, ya que al gravar a las entidades españolas pero no a las filiales de grupos extranjeros se perturbará la competencia.
Para el catedrático Álvaro Rodríguez Bereijo, que también ha trabajado en el informe, toda la proposición de ley es "un enorme artificio en fraude de ley" que supone un "abuso del procedimiento legislativo, eludiendo los controles democráticos (...) para encubrir una finalidad tributaria".
Estas objeciones legales, ha puntualizado Fernández de Mesa, se suman a las económicas, cuyo impacto "negativo" en la economía podría rondar los 5.000 millones y los 72.000 ocupados, de acuerdo a estudios previos de la institución.