Madrid, 10 ene (.).- El octavo paquete de medidas antiinflación, que incluye la subida de las pensiones o la rebaja del IVA para alimentos básicos, continúa en el aire a la espera de las negociaciones del Gobierno con Junts y de la posición de Podemos, de lo que dependerá su convalidación o derogación.
Por el momento y a falta que concluyan dichas negociaciones con Junts (7 votos), el decreto cuenta con el apoyo de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), CC (1) y BNG (1) y el rechazo de PP (137) y VOX (33).
Podemos no ha desvelado el sentido del voto de sus cinco diputados, aunque su portavoz Lilith Vestrynge ha criticado que el Gobierno vaya a desmantelar poco a poco un "escudo social" que debería ser reforzado.
Además, ha exigido que se ponga un tope el 2 % a la subida del alquiler y que se limite al 2 % del beneficio máximo de las grandes superficies de alimentación.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha subido a la tribuna para pedir al Gobierno que "rectifique" los decretos y pacte con la formación: "pacten con Junts y tendrán los votos de Junts".
Nogueras ha cargado contra el "café para todos" porque el Gobierno no parece estar dispuesto a "negociar mejoras para Cataluña sin hacerlas extensivas" a otras regiones y ha pedido que no se incremente el impuesto especial de la electricidad.
Otras de sus reivindicaciones han sido: "reparar" las consecuencias de la legislación de 2017 que facilitó la salida de empresas de Cataluña, "incentivos fiscales" para las empresas catalanas "que cumplan la ley" o que el transporte público se bonifique financiado "de manera integral" por el Estado español.
Durante la defensa del decreto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido el apoyo para el octavo paquete de medidas anticrisis, que movilizará 3.800 millones de euros adicionales con rebajas de impuesto, como el IVA de la luz o el de los alimentos, ayudas directas o bonificaciones como la del transporte.
La política económica del Gobierno, ha subrayado, ha permitido a la economía crecer un 2,5 % en 2023, "cuatro veces más que la media de la Unión Europea", reducir la deuda y reducir el paro.
"Su voto tiene consecuencias importantes", ha advertido, porque votar no es "votar por el regreso a los recortes sociales", porque implica impedir la subida de las pensiones, acabar con la gratuidad del transporte público o poner fin a las rebajas del IVA de la luz.
La diputada de Sumar Marta Lois ha lamentado que "hay quienes han decidido cometer el error de decir que no a todo simplemente porque viene del Gobierno o, simplemente, porque viene de Sumar".
Por ello, se ha dirigido "a los integrantes del grupo del no", a los que "se oponen a los derechos de las clases trabajadoras", y les ha ofrecido la posibilidad de tramitar los decretos como proyectos de ley para que se puedan introducir cambios.
"Espero que estén sinceramente abiertos a que se convaliden a cambio de que luego se tramiten como proyectos de ley" y "si es así tendrán el voto a favor de nuestro grupo y nuestro compromiso con el diálogo", ha añadido.
En este sentido, ha hecho hincapié en que "si no están abiertos a esa posibilidad tal vez es que no buscan supuestas mejoras y lo que quieren es tumbar estos decretos para presentarse ante su electorado como si fuesen las posiciones más puristas".
El decreto que se vota este miércoles incluye la gratuidad durante todo 2024 del Cercanías y los trenes de media distancia o la aportación estatal del 30 % de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano.
También recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, con un IVA del gas que será del 10 % en el primer trimestre antes de volver al habitual 21 %, mientras que el de la electricidad se mantendrá en el 10 % todo el año. El impuesto especial de electricidad y el de generación eléctrica también recuperarán progresivamente sus tarifas habituales.
Además, se mantiene en cero el IVA para los alimentos básicos y en el 5 % el de pastas y aceites y se amplían durante un año el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas, aunque con deducciones por inversión en descarbonización.
El paquete de medidas incluye también la subida en un 3,8 % de las pensiones contributivas, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años, el aumento del umbral para acceder a las medidas de alivio hipotecario o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables.
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