Trípoli, 25 oct (.).- La Oficina de Auditoría de Libia reveló este miércoles en su informe anual que los gastos presupuestarios de los dos gobiernos enfrentados del este y oeste han alcanzado los 100.000 millones dinares (cerca de 19.000 millones de euros).
El país magrebí, cuya fuente principal de financiación es el petróleo, se encuentra dividido en dos administraciones rivales desde 2014: el Gobierno de Unidad Nacional (GNU) de Abdelhamid Dabeiba, reconocido internacionalmente y basado en Trípoli (oeste); y el Ejecutivo de Bengasi, elegido por el Parlamento y dirigido por Osama Hamad.
En cuanto a la Autoridad de Inversiones de Libia (LIA), organismo creado en 2006 para gestionar la inversión de los ingresos petroleros en el extranjero, el valor de sus activos cayó según este informe en cerca de 1.000 millones de euros debido a las sanciones de Naciones Unidas que han congelado sus fondos y los diferentes litigios a los que se ha enfrentado en la última década, situándose actualmente en los 37.000 millones de euros.
Por otro lado, los activos totales del Banco Central, que gestiona gran parte de la financiación estatal proveniente de los ingresos petroleros así como de las reservas extranjeras, ascendieron a 100.000 millones de euros- de los cuales 24.600 son activos locales- además de sus reservas de oro.
La sede de esta institución anunció en agosto su reunificación después de que se dividiese una década antes como consecuencia del conflicto civil, con una sede en Trípoli y otra en Bengasi y en 2020 había mostrado su intención de reunificarse como parte de proceso de paz tras el alto el fuego.
La firma auditora estadounidense Deloitte -que ha supervisado este proceso durante 19 meses- presentó en junio un informe sobre la gestión financiera entre 2014 y 2020 que reveló supuestas violaciones, incluidas "crímenes económicos" relacionados con créditos, impresión de dinares libios y financiación de los diferentes gobiernos.
Desde que se suspendieran de manera indefinida las elecciones legislativas y presidenciales a finales de 2021, las diferentes instituciones, también enfrentadas, tratan de consensuar las leyes electorales que permitan desbloquear el proceso.
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