Madrid, 22 feb (.).- Repsol (BME:REP) analiza el posible regreso de las sanciones de EE.UU. al sector petrolero y del gas de Venezuela, levantadas de forma temporal en octubre pasado después de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acordaran la supervisión internacional de las elecciones presidenciales de 2024.
De hecho, la petrolera española ya evalúa el aviso de EE.UU., que a finales de enero amenazó con restaurar las sanciones como represalia por la inhabilitación de la candidata de la oposición María Corina Machado, a fin de "comprender adecuadamente su alcance y mitigar su impacto" en los planes del negocio del país.
Según el informe financiero anual remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la exposición patrimonial total de Repsol en Venezuela a 31 de diciembre de 2023 se había reducido hasta los 259 millones de euros, frente a los 411 millones de un año antes.
Esta cuantía incluye, fundamentalmente, la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en el proyecto Cardón IV, donde también participa la energética italiana ENI (BIT:ENI), y las cuentas a cobrar con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Repsol está presente en Venezuela -donde entró hace tres décadas- a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas, como Cardón IV, y en empresas mixtas de crudo, como Petroquiriquire entre otras.
En su informe, la petrolera española admite que la situación de crisis en el país caribeño conlleva incertidumbre en el desarrollo de los negocios del grupo, si bien, en el último año, han mejorado las perspectivas como consecuencia de la "mejora de la situación política y social".
Pero también, por la reciente relajación de las "medidas coercitivas" del Gobierno de EE.UU. a Venezuela.
En este sentido, Repsol y PDVSA firmaron el pasado 18 de diciembre un nuevo acuerdo de gestión para la empresa mixta Petroquiriquire con el objetivo de aumentar la producción (en los campos Mene Grande, Barúa Motatán y Quiriquire) y facilitar la recuperación de la deuda ligada a estos activos.
Con todo, el país mantiene la crisis política y económica, su PIB ha disminuido y la inflación sigue siendo "muy alta, alcanzando un 190 % en 2023 y se prevé un 200 % para 2024".
A efectos de negocio, la producción petrolera, que en los últimos años se había reducido de forma significativa, se ha recuperado "tímidamente" en el último año, y aunque la divisa venezolana se ha devaluado, esta circunstancia no ha tenido un impacto "significativo" en las cuentas de Repsol.
Dudas sobre el futuro
Sobre las sanciones internacionales que afectan al Gobierno venezolano, a PDVSA y sus filiales, la compañía recuerda que EE.UU. autorizó a cualquier compañía del sector petrolero y gasista a realizar operaciones en el país durante un período de seis meses.
Esta licencia, que supone un "alivio temporal", está condicionada a que el Ejecutivo cumpla con sus compromisos de garantizar unas elecciones presidenciales democráticas y libres, además de otras cuestiones como la liberación de presos políticos.
En la medida en que siga su palabra, la licencia sería prorrogable una vez venza el próximo 18 de abril.
Sin embargo, relata Repsol, la Administración estadounidense ya anunció, el pasado 30 de enero, que en ausencia de avances entre Maduro y la oposición, no se renovará la autorización, lo que "empeora las perspectivas futuras".
Repsol, que "está analizando actualmente estos nuevos acontecimientos", asegura que sigue adoptando las medidas necesarias para continuar con su actividad en Venezuela "con pleno respeto a la normativa internacional de sanciones aplicable".
Por ello, "está haciendo un seguimiento constante de su evolución y, por tanto, de los eventuales efectos que pudieran tener" sobre sus actividades.
De acuerdo con el documento, Repsol realiza una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA.
En consecuencia, el grupo ha reconocido en 2023 provisiones por el perfil de crédito de la petrolera estatal venezolana y por el "difícil" entorno de los negocios en el país, afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-34 millones de euros) y al de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-295 millones).