Bruselas, 23 may (.).- La Confederación Europea de Sindicatos (ETUC, en inglés) cargó contra la propuesta que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa para la reforma de las reglas fiscales y mostró su oposición a la "austeridad 2.0" que conducirá a "más pobreza, menos trabajos y menores salarios".
En el marco del 15 Congreso de ETUC que se celebra este semana en Berlín, la organización ha calculado que la propuesta legislativa de Bruselas obligaría a los 14 Estados miembros con un déficit superior al límite del 3 % a recortar el gasto público en 45.000 millones de euros en 2024 o a subir los impuestos en una cantidad idéntica.
Esto equivale, según los cálculos de la federación de sindicatos europeos, a la contratación de un millón de profesionales de enfermería y 1,5 millones de profesores.
"Una vuelta a la austeridad el próximo año significaría más pobreza, menos trabajos, menores salarios y unos servicios públicos infrafinanciados, lo que afectará al acceso de la sociedad a salud y educación", alertó la secretaria general de ETUC, Esther Lynch, quien añadió que esto sería un "regalo" para la extrema derecha de cara a las elecciones europeas de 2024.
La reforma de las reglas fiscales, defiende ETUC, debe por contra "demostrar que la UE ha aprendido de los fracasos del pasado y de los éxitos conseguidos desde que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue suspendido" en 2020 con el inicio de la pandemia.
Por eso, Lynch hizo un llamamiento a los ciudadanos europeos para que "presionen a sus gobiernos" con vistas a que se opongan a la "austeridad 2.0" y "apoyen unas reglas económicas que ponen por delante los intereses de la gente y el planeta".
Así, en lugar de que las nuevas reglas obliguen a recortar cada año medio punto del déficit a aquellos países en los que este indicador supera el 3 % del PIB, los sindicatos europeos reclaman una "regla de oro" para inversiones públicas para que se excluyan del cálculo de este déficit aquellas realizadas para acelerar las transiciones verde y digital.
También quieren que se mantengan los "mecanismos de solidaridad" introducidos durante la pandemia, como el fondo europeo de recuperación que "debería ser permanente para garantizar la igualdad de condiciones" entre los Estados miembros en el ámbito de las inversiones.
En tercer lugar, proponen que se prohíba la concesión de fondos públicos a empresas que "esquivan" el pago de impuestos dentro de un "régimen justo de fiscalidad empresarial que pueda financiar un nivel mínimo de inversiones estatales en los presupuestos nacionales".
La reforma de la reglas fiscales será una de las grandes negociaciones durante el semestre que España asumirá la presidencia de turno de la UE a pesar de que los gobiernos europeos ya pactaron las líneas maestras de la revisión a nivel de ministros de Finanzas.
Existe consenso en la idea de que sean los gobiernos los que se impongan a sí mismos una trayectoria de ajuste fiscal para garantizar una tendencia a la baja de su deuda pública, pero Alemania exige que se base en una metodología común y también que los países más endeudados estén sujetos a normas más estrictas.
Desde marzo de 2020 con el estallido de la pandemia de coronavirus, el bloque acumulará cuatro años con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento suspendido, pero será reactivado a partir del 1 de enero de 2024 ya sea en su nuevo formato o en el antiguo, en caso de que las negociaciones no hayan finalizado para entonces.
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