Túnez, 16 feb (.).- El Gobierno tunecino comenzará a retirar de manera progresiva las subvenciones públicas al gas butano de aquí a 2026 en el marco de su programa de reformas de austeridad para equilibrar sus deudas mientras trata de cerrar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.900 millones de dólares.
En una entrevista a la agencia estatal TAP, el director general de hidrocarburos del Ministerio de Industria, Rachid Ben Dali, explicó que el objetivo de esta medida es "orientar" los subsidios hacia los ciudadanos con menos recursos, por lo que estos serán otorgados de manera directa en función de sus ingresos.
Según el responsable, el consumidor paga actualmente 8,8 dinares (2,6 euros) mientras que el precio real en el mercado es de 35 dinares (cerca de 10 euros), teniendo en cuenta que una familia utiliza una media mensual de dos bombonas de gas.
Asimismo recordó que estas ayudas no sólo benefician a los hogares tunecinos sino también a los establecimientos hoteleros y algunos taxis.
Tras un año de negociaciones entre el Gobierno y el FMI, Túnez espera cerrar un acuerdo del que será su tercer préstamo en la última década y que le permitirá hacer frente a una deuda pública récord que asciende al 89% de su PIB.
La poderosa central sindical, la UGTT, ha criticado duramente los presupuestos generales del Estado, que reducirá un 26,4 % el gasto público de los subsidios, y ha anunciado movilizaciones masivas en todo el territorio que deberían culminar en una multitudinaria marcha el próximo 11 de marzo en la capital.
El país magrebí se enfrenta a una inflación de más del 10%, la más alta desde 1990, agravada por la pandemia y la crisis de cereales tras la invasión rusa de Ucrania, país del que depende fuertemente en materia de importación.
Esto ha provocado escasez de numerosos productos de primera necesidad como leche, azúcar o café.
Al mismo tiempo, la tensión aumenta desde que el presidente Kais Said se hiciera con plenos poderes en julio de 2021 para "preservar la paz social" mientras la mayoría política denuncia un proyecto "autoritario" tras ratificar una nueva constitución que instaura un régimen "ultrapresidencialista".