Túnez, 15 dic (.).- Las autoridades tunecinas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fijarán en enero una nueva fecha para estudiar la solicitud de un préstamo de 1.900 millones de dólares, cuyo examen estaba previsto el próximo lunes, con el fin de "dar más tiempo para ultimar los detalles del programa de reformas presentado", informó hoy una fuente del Banco Central de Túnez a la agencia estatal TAP.
Según esta fuente, la secretaría del organismo financiero retiró ayer este punto de la agenda de la junta directiva mientras que el gobierno tunecino tiene previsto presentar de nuevo su expediente cuando se reanuden las reuniones tras el periodo de vacaciones de fin de año.
"Las consultas sobre la nueva fecha están previstas en los próximos días entre las dos partes", apuntó la agencia.
El pasado mes de octubre, después de ocho meses de negociaciones, el Ejecutivo de Nejla Bouden y el FMI alcanzaron un acuerdo preliminar basado en un programa de reformas económicas y sociales que incluyen la retirada de las subvenciones públicas a productos de primera necesidad y carburantes, la privatización de empresas públicas y la reducción de la masa salarial.
La poderosa central sindical, la UGTT, rechaza cualquier medida que afecte al poder adquisitivo de los ciudadanos y exige al gobierno publicar el contenido de este acuerdo que, asegura, ha sido pactado a puertas cerradas.
El país se enfrenta a una inflación del 9,8 %, la más alta desde 1991, agravada por la pandemia y la crisis de cereales tras la invasión rusa de Ucrania, país del que depende fuertemente en materia de importación. En los últimos meses los supermercados se han visto desprovistos de alimentos básicos como azúcar, leche, mantequilla, aceite de cocina, harina o arroz.
La posible aprobación de este nuevo crédito -el tercero de la última década- iba a coincidir con la publicación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, previstas el 17 de diciembre y que son boicoteadas por la mayoría política al considerarlas una iniciativa "anticonstitucional" del presidente Kais Said, que en julio de 2021 se hizo con plenos poderes para "preservar la paz social".