Bruselas plantea el fin de los rescates de la banca a costa del contribuyente

Bruselas, 6 jun (EFE).- La Comisión Europea ha dado hoy un paso incipiente hacia la unión bancaria que en un futuro pretende crear Europa, con una propuesta que obliga a los accionistas y acreedores de la banca a pagar la factura de los rescates y que crea una red de fondos nacionales de resolución que tendrán que ayudarse entre sí.

La crisis financiera ha evidenciado deficiencias graves en la gestión de riesgos y de liquidez, tanto por parte de la banca como de las autoridades y organismos reguladores.

Entre los máximos exponentes del fenómeno, figuran las quiebras durante los últimos años de Lehman Brothers y Bear Stearns en EEUU y Northern Rock y Dexia en la UE, así como el reciente rescate de Bankia en España.

El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios Financieros, Michel Barnier, dijo en rueda de prensa que la normativa "busca precisamente evitar en el futuro situaciones similares".

En total, el coste de las reestructuraciones y rescates ha obligado a los gobiernos europeos a inyectar dinero público y poner garantías por 4,5 billones de euros o el 37 % del PIB entre 2008 y 2011.

De momento, la Comisión Europea no ha podido crear un fondo de resolución europeo ante la falta de apoyos, pero ha creado un "embrión" para ello y para la unión bancaria.

"Si hay voluntad política, se podrá ir más allá para poner en común estos fondos; la puerta no está cerrada", concluyó Barnier.

Por ahora se establecerán fondos nacionales de resolución que funcionarán a partir de 2015 y que podrán prestarse mutuamente, sobre todo en crisis transfronterizas.

Estos fondos se financiarán mediante las aportaciones de los bancos para reunir el equivalente a un 1 % de los depósitos bancarios cubiertos durante 10 años.

Los fondos, según la propuesta, se usarán exclusivamente para apoyar la reorganización y resolución ordenada de los bancos y nunca para un rescate.

Los sistemas de garantías de depósitos aportarán también recursos para proteger los ahorros, y los países pueden decidir si los fusionan con los fondos de resolución nacionales.

Para que sean los accionistas y acreedores quienes paguen la factura, y no como ahora los contribuyentes, existirá la reestructuración o el rescate interno, denominada "bail-in", que prevé una recapitalización mediante la cancelación o la dilución de las participaciones y quitas de la deuda a manos de acreedores o la conversión de la deuda en acciones.

Los bancos tendrán que destinar un porcentaje mínimo de su pasivo al "bail-in" y se procederá a las quitas sobre los pasivos con una "jerarquía" preestablecida, empezando por las acciones, después sobre deuda subordinada y por último sobre deuda sénior.

Esta medida no tocará los depósitos protegidos ni los activos de los clientes y no entrará en vigor hasta 2018.

Con las normas propuestas, todos los bancos tendrán que diseñar planes de recuperación para el caso de que sus balances se deterioren, mientras que las autoridades deberán preparar planes de resolución.

Si las autoridades identifican obstáculos para resolver una crisis, pueden exigir al banco que cambie su estructura legal o operativa, pero las entidades que forman parte de un mismo grupo también pueden ayudarse entre sí.

En la segunda fase de la intervención rápida, las autoridades pueden pedir al banco que aplique cualquier punto del plan de recuperación, elabore un programa de acción y un calendario, convoque una junta de accionistas para adoptar medidas urgentes y diseñe un plan de reestructuración de la deuda con sus acreedores.

Además, pueden destituir a la directiva y nombrar temporalmente a un gestor especial.

En una tercera fase, y si las autoridades determinan que no hay alternativa que pueda prevenir la quiebra y es en el interés público, los gobiernos o reguladores deben tomar el control de la entidad e iniciar medidas de resolución.

Los instrumentos disponibles prevén la venta del negocio o de filiales, fusiones, la creación de un "banco puente" en el que se integrarán las funciones esenciales para su posterior venta y liquidación del resto de actividades y la de un "banco malo" para separar los activos tóxicos de los sanos y limpiar el balance. EFE

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