Quito, 21 sep (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció hoy la
conformación de una comisión de veeduría ciudadana para vigilar el
proceso de cierre de las instituciones financieras que entre 1998 y
1999 pasaron a manos del Estado en medio de la peor crisis
financiera de la historia del país.
La creación de la comisión responde a la petición del mandatario
del país, Rafael Correa, que el pasado agosto solicitó a la
Superintendencia de Bancos "agilidad" para cerrar esos bancos con el
propósito de que el proceso pueda acabar el próximo diciembre.
Doris Soliz, secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y
Participación ciudadana y encargada de organizar la comisión, señaló
que los integrantes de ésta serán catedráticos y especialistas en
economía de diversas universidades del país.
Ellos tendrán la misión de "devolver" al país "los datos, la
historia y los mecanismos legales" que se usaron en la época y que
dieron origen a la crisis bancaria, declaró Soliz, según recogió TC
Televisión.
El grupo de ciudadanos seleccionados se encargará también de
vigilar el proceso de cierre de las instituciones financieras que se
encuentran en proceso de saneamiento o liquidación, y de analizar
toda la documentación de los casos, añadió.
Señaló que la conformación de la comisión técnica supone para el
Gobierno "un paso positivo" que aportará "justicia y verdad para el
pueblo ecuatoriano, luego de sufrir una década del mayor atraco del
siglo que vivió el Ecuador".
Indicó que la cartera que dirige "se encargará de brindar un
soporte, en el caso recursos humanos y materiales, así como también
de mantener un contacto con todas las instituciones del Estado para
que puedan facilitar la labor de la veeduría", informó la
Presidencia.
"Es importante que la ciudadanía conozca este atraco" y vea cómo,
con el pasar de los años, "se constituyó en una crisis grave para
los ecuatorianos", agregó.
Hasta el momento se han cerrado siete entidades bancarias, de una
treintena que pasó, a partir de 1999, a manos del Estado por una
aguda crisis de liquidez.
Para recuperar el dinero que el Estado destinó a sanear las
entidades financieras intervenidas durante la crisis, que le costó
al erario nacional más de 8.000 millones de dólares, el Gobierno
creó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que se ha incautado
de numerosas empresas y propiedades de ex banqueros. EFE