MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo pidió el jueves al Parlamento un suplicatorio para imputar al diputado y expresidente andaluz Manuel Chaves por prevaricación administrativa, al tiempo que inculpó a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, por el mismo delito.
Según un auto judicial, el juez que lleva el caso de las supuestas irregularidades en la gestión de expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía imputó también a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, actual diputado al que atribuye también un delito de malversación de fondos públicos.
"Figuran en la causa diligencias de las que se desprenden datos indiciarios de que (Chaves) sí conocía el nuevo sistema ilegal de ayudas/subvenciones sociolaborales y a empresas", señala el juez Alberto Jorge Barreiro en su auto.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenecen los acusados, anunció que todos habían presentado la renuncia a sus actas parlamentarias por su supuesta implicación en un fraude estimado inicialmente en 136 millones de euros.
El juez Barreiro cifra en 855 millones de euros el dinero presupuestado que la Junta pagó de 2000 a 2010 en todas las subvenciones concedidas, pero dijo que llevaría tiempo establecer el perjuicio económico total para la Administración.
Tanto Chaves como Griñán dijeron ante el juez que no tenían conocimiento de ninguna irregularidad en la gestión de unas ayudas a través de las cuales se malversaron presuntamente fondos públicos.
"Resulta incoherente que el nuevo sistema de concesión de ayudas fuera conocido por los viceconsejeros, los directores generales y los subdirectores de varias consejerías y, en cambio, no lo conocieran los integrantes de la cúpula de la pirámide que integra el conjunto de la Administración de la Junta", afirma el juez.
La magistrada Mercedes Alaya, que investiga en Andalucía un caso de corrupción en el que ha imputado a unas 200 personas, derivó parte de la investigación al Supremo ya que tanto Griñán y Chaves eran aforados por ser senador y diputado, respectivamente.
Griñán renunció a su escaño un día después de la investidura de la socialista Susana Díaz, que dijo que pediría la dimisión de ambos en caso de que fueran inculpados formalmente en uno de los principales escándalos de corrupción del país en décadas.
La imputación de Griñán y Chaves marcó el panorama político andaluz tras las elecciones regionales del 22 de marzo, ya que los apoyos a la investidura de Díaz se vieron condicionados a que ella respaldara medidas contra la corrupción y demandara el escaño de los que son considerados sus mentores políticos.
El Tribunal Supremo exculpó a la exconsejera de la presidencia María del Mar Moreno.