San José, 12 mar (EFE).- La empresa francesa de
telecomunicaciones Alcatel pagó al Estado costarricense 10 millones
de dólares pactados con el Gobierno como indemnización por el daño
social causado por un caso de corrupción en la adjudicación de un
contrato de telefonía móvil, informó hoy una fuente oficial.
La procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes,
confirmó hoy a Efe que Alcatel depositó el dinero cumpliendo con un
acuerdo al que se llegó el pasado 24 de febrero ante un juez del
Tribunal Penal de San José, donde el próximo 13 de abril comenzará
el juicio por ese caso.
Brenes explicó que el "daño social" es "un concepto nuevo" que la
Procuraduría General de la República (PGR) ha estado desarrollando
en los últimos años y tiene su razón de ser en la "afectación a la
colectividad".
La Fiscalía acusa a Alcatel por el supuesto pago de 2,5 millones
de dólares en comisiones a funcionarios costarricenses, incluido el
ex presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), a cambio de la
adjudicación de un contrato de telefonía celular en 2000.
Pese al acuerdo con la Procuraduría, Alcatel debe aún enfrentar
en el juicio un reclamo por 70 millones de dólares del estatal
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que para la época de
los hechos mantenía el monopolio de las telecomunicaciones, y que en
enero rechazó una oferta de conciliación de la empresa francesa de
12 millones de dólares.
La procuradora calificó el acuerdo con Alcatel como "un paso
importante" porque "se está estableciendo que frente a este tipo de
actos el Estado puede hacer un reclamo en representación de la
colectividad y que debe haber un resarcimiento civil".
La PGR ya informó al Ministerio de Hacienda sobre la transacción
y le recomendó invertir el dinero en proyectos sociales.
Brenes aseguró que en América Latina no existen registros que
evidencien el reconocimiento de empresas o particulares que
participaron en actos de corrupción, en perjuicio de la
colectividad.
Agregó que la PGR mantendrá un reclamo por 58 millones de dólares
contra los imputados en el juicio, que comenzará el próximo 13 de
abril y será el segundo en la historia del país en el que aparece
como imputado un ex presidente de la República por corrupción.
El primero fue Rafael Ángel Calderón (1990-1994), condenado en
octubre pasado a cinco años de prisión por un reparto de comisiones
de un contrato de la Caja Costarricense del Seguro Social. EFE