(Corrige apellido en el quinto y sexto párrafo)
Caracas, 5 jun (EFE).- La petición del Gobierno de Venezuela a la
Fiscalía para que acuse a la emisora Globovisión de delitos penales
cerró una jornada que se abrió hoy con el allanamiento de la casa de
su presidente y siguió con la imposición de multas millonarias.
Sin precisar los delitos penales en los que habría incurrido, la
emisora de línea editorial abiertamente opositora a la gestión del
presidente Hugo Chávez, el ministro titular del organismo rector de
las telecomunicaciones, Diosdado Cabello, dijo en una rueda de
prensa que las sanciones administrativas "no han sido suficientes".
Ahora debe ser investigada "por la vía de la ley orgánica de
telecomunicaciones" que prevé castigos penales, dijo y admitió que
la ofensiva de las instituciones del Estado contra la emisora se
debe a un "tema de salud mental".
Los directivos de Globovisión "se toman un frasco de veneno en la
mañana, se lo dan a sus periodistas y esperan que el que se muera
sea el pueblo, que se muera Chávez", y ante ello, remarcó Cabello,
se pidió "que sean las autoridades judiciales quienes determinen si
hay la comisión de delitos" penales para aplicar el castigo
respectivo.
"Hay quienes creen que el mejor salvoconducto que puede tener un
delincuente es poner manos en un medio" para cometer hasta "delitos
ambientales" y acaparan vehículos "en sus casas", añadió Cabello en
clara alusión al presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga.
En su condición de socio de concesionarias de vehículos, Zuloaga
fue acusado ayer por la Fiscalía de "usura genérica" por el supuesto
acaparamiento de 24 automotores descubiertos el mes pasado en una de
sus viviendas, la que hoy volvió a ser allanada para retirar piezas
de animales disecados que el empresario tiene como trofeos de caza.
La Fiscalía dijo en un comunicado que determinará "si existe o no
algún hecho delictivo" en la tenencia de más de 200 piezas de
animales disecados" incautadas.
Asimismo, para determinar "si se cumplieron con todos los
trámites" pertinentes, "como pagos de aranceles y permisos
sanitarios", y si se violaron las leyes de Protección de la Fauna
Silvestre, la de Gestión de Diversidad Biológica y Ley Penal del
Ambiente.
El "terrorismo judicial, fiscal y gubernamental" del que es
víctima Globovisión busca su colapso operativo, especialmente a
través de la imposición de multas, afirmó su director, Alberto
Federico Ravell.
Ravell, que dijo tener información de que la Fiscalía lo acusará
próximamente de ser el supuesto "director de orquesta de los medios"
opositores que "quieren desestabilizar y volver loco a los
venezolanos".
El director de Globovisión reaccionó así, después de que la
emisora recibió una notificación de las multas impuestas por la
oficina tributaria.
Una obliga al canal a pagar el equivalente a 2,35 millones de
dólares "por concepto de impuestos no pagados" correspondientes a
2002-2003 y otra por 270.697 dólares por operar frecuencias no
autorizadas, como lo determinó esta semana el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ).
"Un canal de televisión se puede cerrar por vía administrativa
durante 72 horas, o ahorcándolo (económicamente) para que no pueda
funcionar", agregó Ravell, luego de la visita de los funcionarios
del Sistema Nacional de Administración Tributaria y Aduanera
(Seniat).
Todas estas actuaciones ocurren después de que Chávez "ha dado
instrucciones" al Supremo y a la Fiscalía para actuar contra medios
opositores, "porque si no, los van a botar", añadió Ravell.
"Me alegro que funcionen las instituciones (...); invito a que
cada quien cumpla con sus obligaciones. Sencillamente tienen que
cumplirse las leyes en un Estado democrático", dijo Chávez esta
noche a la emisora VTV de la red estatal de televisión.
El gobernante venezolano felicitó a las instituciones que han
actuado y las exhortó a "seguir marchando en la batalla contra la
impunidad y que digan lo que digan los afectados".
Chávez exigió el 28 de mayo a Cabello y a los titulares del
Supremo y la Fiscalía actuar contra los medios que a su juicio,
"envenenan" al país o de lo contrario que renuncien a sus cargos,
para que sean ocupados por "gente con coraje".
Tras insistir en que el objetivo último es "incitar" a su
asesinato, Chávez remarcó ese día: "No me lo pueden dejar a mí nada
más, es problema de todos, de toda la sociedad. Voy a esperar a que
se cumpla lo que tiene que cumplirse", pero "si no ocurriera lo que
tiene que ocurrir, yo voy a tener que actuar; yo mismo, valga la
redundancia". EFE