La Paz, 20 abr (EFE).- La estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) perdió 9,3 millones de dólares al no
poder cobrar a compañías aseguradoras una garantía depositada por
una privada vinculada a un escándalo de corrupción, confirmó hoy la
empresa petrolera.
El dinero era la garantía presentada por la firma Catler
Uniservice para la construcción de una planta de gas en la región
oriental de Santa Cruz por 86 millones de dólares, un proyecto
suspendido tras el escándalo descubierto el año pasado.
Un juzgado de La Paz emitió un edicto, difundido hoy por la
estatal petrolera, en el cual se informa que el consorcio presentó
tres pólizas de garantía de cumplimiento de contrato de la obra
mediante tres firmas aseguradoras bolivianas.
La garantía económica asciende a 9.344.615 dólares, "suma de
dinero que YPFB no podrá recuperar, provocando un daño económico al
Estado boliviano, toda vez que las empresas aseguradoras han
rechazado la solicitud efectuada por la estatal en cuanto a la
ejecución de las pólizas", señala el edicto.
Entre los argumentos expuestos por las aseguradoras para negar la
ejecución de las pólizas a favor de YPFB figuran las cuatro
modificaciones realizadas al contrato, la posterior anulación del
documento y el propio hecho de corrupción, pues según el Código de
Comercio, ninguna póliza puede dar cobertura a un ilícito.
El escándalo de corrupción en la estatal petrolera estalló en
enero de 2009 con el asesinato en La Paz del presidente de Catler,
el boliviano Jorge O'Connor a manos de asaltantes cuando ingresaba
con 450.000 dólares a una casa de familiares del entonces presidente
de YPFB, Santos Ramírez.
La Fiscalía sospecha que ese dinero era para pagar una comisión
ilegal a Ramírez por la adjudicación a Catler del contrato para la
construcción de la planta de gas en Santa Cruz.
Meses después, el Gobierno decidió dejar sin efecto el acuerdo
por las "irregularidades" descubiertas en la redacción del contrato,
tras las denuncias de corrupción en YPFB que derivaron en la
destitución y encarcelamiento de Ramírez.
El edicto también ratifica que el Estado boliviano perdió 16,5
millones de dólares que fueron desembolsados como anticipo a favor
de Catler y de una firma estadounidense subcontratada para la
fabricación de partes para la planta.
El tribunal que emitió el documento concluye solicitando la
acusación formal contra doce personas implicadas en el caso, entre
ellos Santos Ramírez, a quien se ha imputado por los delitos de uso
indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos
lesivos al estado y asociación delictiva, entre otros.
Junto a Ramírez están acusados por delitos similares su ex esposa
Jiovana Navia, el empresario argentino Agustín Tomás Melano, también
ejecutivo de Catler Uniservice, y otros ex funcionarios de YPFB y
empleados del consorcio. EFE