Bogotá, 17 ene (EFE).- Un tribunal colombiano ordenó hoy al ex ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos devolver más de 5,05 millones de dólares en acciones de una antigua filial de la petrolera estatal que adquirió de manera irregular.
La decisión es de segunda instancia y fue adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que compartió un fallo en el mismo sentido proferido en febrero de 2007 del Juzgado 28 Civil del Circuito de la capital colombiana.
El abogado Londoño, que fue primer ministro del Interior y de Justicia del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), se hizo en abril de 1997 a 145 millones de acciones de la desaparecida Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa), que dependía de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol, estatal).
Los títulos fueron adquiridos en 1997 por 9.462 millones de pesos (unos 5,05 millones de dólares al cambio actual).
Por entonces, Invercolsa pasaba por un proceso de privatización que comenzó con la oferta de acciones a sus trabajadores.
Londoño era miembro del directorio de Invercolsa, pero no trabajador de planta, por lo que obtuvo una certificación en la que el entonces presidente de la filial, el ex ministro Enrique Vargas Ramírez, aseguraba que él sí era empleado de la compañía.
En su sentencia, el juzgado que siguió el caso en 2007 concluyó que Londoño había comprado la participación de acciones con un certificado laboral que contenía información falsa.
El caso pasó a manos de la Corte Constitucional, que en agosto de 2007 ordenó la devolución de las acciones, que por esta época estaban ya en manos de la compañía panameña Arrendataria Financiera Internacional Bolivariana (Afib), a las que Londoño las había trasladado en pago de una millonaria deuda.
El caso se avivó tras la designación que Uribe hizo de este abogado como ministro del Interior y de Justicia, cargo que asumió en agosto de 2002, luego de la investidura del ahora ex gobernante.
Londoño se vio obligado a renunciar en noviembre de 2003 acosado por una moción de censura que gestionaba el Congreso y un inminente fallo judicial.
Además del proceso civil, Londoño afrontó una causa disciplinaria en la Procuraduría General, entidad de control de los funcionarios que en noviembre de 2004 lo destituyó de manera retroactiva como ministro y lo inhabilitó por doce años para el ejercicio de cargos públicos.
En su caso, el entonces presidente de la antigua filial comparecía en una investigación que fue archivada por preclusión. EFE