La Paz, 16 jun (EFE).- La estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió las deudas de la anglo-holandesa
Shell y de la británica Ashmore en la nacionalizada Transredes para
frenar el arbitraje iniciado por ambas petroleras contra el Gobierno
de Evo Morales, informó hoy una fuente oficial.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, declaró hoy a la estatal
radio Patria Nueva que el proceso de compra de las acciones de esas
empresas en la transportadora de hidrocarburos contempló una deuda
de 50 millones de dólares de las petroleras con el fisco.
Villegas explicó que cuando se nacionalizó Transredes en mayo de
2008, la existencia de la deuda aún no había sido definida pues
estaba en un proceso contencioso tributario que, finalmente, resultó
favorable al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
Añadió que entre septiembre y octubre de 2008 se acordó pagar una
compensación a la Shell y a Ashmore -120 millones de dólares a cada
una- por sus acciones en la transportadora, cuyo nombre fue cambiado
a "YPFB-Transportes" tras la nacionalización.
A cambio, ambas petroleras se comprometieron a cancelar el
arbitraje que habían iniciado contra el Gobierno boliviano.
"Entre ambas empresas exigían un pago de 1.000 millones de
dólares. Ese fue otro elemento que nos llevó a la consideración para
tomar decisiones de tal manera de no tener un arbitraje
internacional", señaló Villegas.
El 1 de mayo de 2008 el Gobierno de Evo Morales emitió un decreto
para nacionalizar el 50 por ciento de acciones que la Shell y
Ashmore tenían en Transredes, a través del consorcio TR Holding.
Como no se llegó a un acuerdo, en junio del año pasado el
Ejecutivo emitió un segundo decreto para expropiar la transportadora
de hidrocarburos. Las petroleras respondieron con un arbitraje.
Finalmente, el Estado y las empresas llegaron al convenio
señalado por Villegas.
El presidente del Senado boliviano, Óscar Ortiz, denunció en mayo
pasado que hubo irregularidades que causaron daño al Estado
boliviano en la nacionalización de Transredes.
Expertos y analistas bolivianos han cuestionado también la forma
en que el Gobierno boliviano llevó adelante el proceso de
nacionalización de los hidrocarburos. EFE