La Paz, 9 jul (EFE).- El Gobierno de Evo Morales anunció hoy que
no aceptará ningún fallo del centro de arbitraje del Banco Mundial,
Ciadi, sobre las demandas planteadas por empresas de Chile e Italia
afectadas por una rescisión de contrato y por una nacionalización,
respectivamente.
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arizmendi,
fijó hoy esa posición en una rueda de prensa al criticar las
decisiones que tomó un tribunal del Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) sobre las demandas de
la empresa chilena Quiborax y la italiana Euro Telecom Internacional
(ETI).
Quiborax pidió una indemnización de 66 millones de dólares por
los presuntos daños que sufrió con la rescisión de su contrato en
2004, por el Gobierno del entonces presidente Carlos Mesa
(2003-2005), que acusó a la firma de afectar el medioambiente al
explotar ulexita en el Salar de Uyuni.
Según la funcionaria, el Ciadi tuvo una actuación "parcializada"
con Quiborax al ordenar al Estado boliviano que no inicie juicios
contra los empresarios bolivianos y chilenos que firmaron contratos
supuestamente irregulares sobre esa operación.
El tribunal del Ciadi también rechazó un recurso de recusación de
jueces presentado por los abogados del Estado boliviano.
"Una vez más estamos probando que el tribunal internacional del
Ciadi sólo favorece a las empresas", dijo Arizmendi.
Este conflicto con Quiborax será planteado la próxima semana por
el Gobierno boliviano ante el vicecanciller de Chile, Fernando
Schmidt, quien llegará el lunes a La Paz para reunirse con su
homóloga, Mónica Soriano, para hablar de las relaciones bilaterales.
Arizmendi también rechazó las decisiones del Ciadi sobre la
demanda de la telefónica italiana ETI, que pide a Bolivia una
indemnización por 350 millones de dólares por sus acciones
nacionalizadas en la empresa Entel en 2007.
Según la ministra, su antecesora, Cecilia Rocabado, cometió el
error de aceptar acuerdos con el Ciadi para que un tribunal analice
este caso sin tener la autorización del Gobierno.
Arizmendi está tramitando la nulidad de esos acuerdos, pero el
Ciadi aún no ha respondido a su pedido de dejarlos sin efecto.
"Bolivia tiene la directriz de que tampoco se va someter a este
proceso arbitral porque tampoco va seguir el juego de ETI", apuntó
la funcionaria, al señalar que Bolivia recurrirá a otras cortes
internacionales para tramitar esa nulidad.
El Gobierno de Morales renunció en mayo de 2007 al acuerdo que
tenía Bolivia con el Ciadi, sin embargo esa decisión no pudo frenar
los procesos arbitrales de Quiborax y ETI.
Además de estas demandas, Bolivia enfrenta trámites previos a
arbitrajes con otras empresas extranjeras, entre ellas filiales de
firmas eléctricas y de hidrocarburos nacionalizadas por Morales.
Según la ministra, cada arbitraje le cuesta al Estado boliviano
entre tres y cuatro millones de dólares. EFE