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Bruselas, 22 jul (EFE).- La Comisión Europea presentó hoy
finalmente su propuesta de simplificación de los fondos
estructurales en la que introduce normas de flexibilidad que reducen
el riesgo de que países beneficiarios como España pierdan este año
ayudas prometidas en 2007.
Entre las modificaciones presentadas, el Ejecutivo de la UE
propone que las subvenciones destinadas a los llamados "proyectos
principales" (los que requieren el visto bueno de Bruselas) queden
"protegidas, en principio" desde el momento mismo en que el estado
miembro someta el proyecto a la Comisión, y no como hasta ahora
cuando la Comisión lo apruebe.
Según ha precisado un experto de la CE, este cambio en la
normativa supone la principal ventaja para España dado que, de este
modo, las ayudas quedarán reservadas aunque el trámite de
autorización se demore.
Así, se amplía en cierto modo el plazo con el que cuentan las
autoridades de cada país para recibir los fondos comunitarios a los
que tienen derecho.
Las normas de ejecución en vigor establecen que los estados
disponen de un máximo de dos años para pedir a Bruselas la
financiación de proyectos dentro del presupuesto que haya sido
aprobado, una medida que en el caso de Grecia, Portugal y los
Estados que se adhirieron a la UE después de 2004 se extiende a tres
años.
Finalmente, la CE no ha propuesto la ampliación a un tercer año
para todos, como pedía España.
Con la legislación actual, España corre el peligro de perder a
finales de 2009 una parte de los fondos estructurales que se le
asignaron en 2007, si no presenta a tiempo los proyectos
correspondientes o la Comisión no los aprueba.
La normativa presentada hoy, que para entrar en vigor tiene que
ser aprobada todavía por el Consejo de ministros y el Parlamento
Europeo, tendrá carácter retroactivo en lo que respecta a esta
disposición que reserva los fondos de un gran proyecto una vez
presentado, ha precisado el experto.
La CE confía pese a todo en que el reglamento sea adoptado antes
de que acabe el año o, como máximo, en enero o febrero de 2010.
Otro de los cambios que beneficia a España es la unificación de
la categoría de "proyectos principales". En adelante serán aquellos
que superen los 50 millones de euros.
Ahora, si son proyectos medioambientales, se exige la
autorización de Bruselas para todos los que superen los 25 millones
de euros.
La unificación del umbral significa que los proyectos menores
podrán comenzar más rápidamente.
La nueva normativa incluye también la posibilidad de que la UE
reembolse al cien por cien los costes declarados por los estados
miembros, en 2009 y 2010, para proyectos sujetos a la financiación
del FSE (Fondo Social Europeo, destinado a la formación y el
empleo).
En ese período, los estados no estarán obligados a aportar su
parte de financiación en esos proyectos, lo que contribuirá, según
la CE, a acelerar la puesta en marcha de iniciativas favorables al
empleo.
Esta controvertida medida ya se topó con la oposición de Alemania
en la última cumbre de la UE en junio, pese a lo cual el Ejecutivo
comunitario ha decidido seguir adelante.
En una declaración transmitida a Efe, el presidente de la CE,
José Manuel Durão Barroso, recalcó que el paquete de medidas de hoy
"demuestra una vez más que la Comisión coloca a las personas en
primer lugar y que el empleo es nuestra primera prioridad".
"Queremos simplificar las reglas de los fondos estructurales en
su conjunto, y dar a los estados miembros la posibilidad de
financiar proyectos que ayuden a la gente a conservar sus empleos o
a buscar uno nuevo, al 100% con fondos de la UE y sin contribución
nacional".
"Necesitamos ese nivel de ambición y creatividad, especialmente
en tiempos de crisis", insiste Barroso, quien expresa su confianza
en que todo el mundo reconozca esta necesidad.
Todas las medidas propuestas hoy tienen como finalidad acelerar
el flujo de fondos europeos hacia las regiones y sectores más
necesitados en el actual contexto de crisis económica y elevados
déficit públicos. EFE