Madrid, 30 jun (EFE).- El veto del Gobierno Portugués, a través
de la acción de oro, a la venta del 30% que Portugal Telecom en la
brasileña Vivo ha tenido una rápida respuesta por parte de Bruselas
que la calificado de ilegal sin esperar a la sentencia que el
Tribunal de Luxemburgo emitirá el próximo 8 de julio.
Aunque el primer ministro portugués, José Sócrates, había
manifestado su oposición a la venta de Vivo por parte de Portugal
Telecom por considerarla estratégica, el consejo de la operadora
consideraba que la acción de oro, mecanismo de control el Gobierno
en PT, no podía utilizarse en esta ocasión.
Telefónica comenzó su oferta por Vivo en mayo con 5.700 millones
de euros, la mejoró el uno de junio hasta 6.500 millones y a ultima
hora de la noche de ayer la elevó hasta 7.100 millones, con lo que
convenció a la mayoría de los accionistas asistentes a la junta de
Portugal Telecom de hoy que aprobaron la operación con un 73,9% de
los votos.
Estos votos suponen que una parte del núcleo duro de accionistas
portugueses, que se habían opuesto a la operación y que controlaban
cerca de la mitad de los votos, cambiaron su posición tras la nueva
oferta.
Además esta amplia mayoría se logró a pesar de que Telefónica,
Société Générale y Mediobank, con alrededor del 6% de los votos, no
pudieron ejercitar esta acción por conflicto de intereses, según el
presidente.
Termina la votación, el presidente de la junta, Antonio Meneses,
decidió aceptar el veto de la acción estatal con derechos especiales
lo que dejó si efecto el acuerdo de la junta.
Meneses manifestó la "certeza absoluta" de que esta acción es
legal y dijo que había tomado "todas las precauciones" para
garantizar su validez, tras consultar a seis juristas.
El consejo de administración que había manifestado que acataría
lo que acordara la asamblea, señaló que consideraba que la acción de
oro del Estado en la empresa no era aplicable a la venta del 50 por
ciento de Brasicel, entidad participada al 50% por Telefónica y
Portugal, que controla el 60% de Vivo, indicó su presidente Hernique
Granadeiros.
Poro después, el primer ministro portugués, José Sócrates,
justificó el veto estatal por "los intereses nacionales" lusos y
dijo que "la acción de oro sirve para utilizarse cuando es
necesario" y que todos sabían cual era la posición del Gobierno en
esta materia.
La vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de la Agenda
Digital, Neelie Kroes, que ha sido comisaria de la competencia,
señaló, antes de terminar la junta portuguesa, dijo a los
periodistas en España que está en contra de que los estados
intervengan en las decisiones de las empresas, ya que es algo
"pasado de moda".
Tras el voto del Estado portugués, la Comisión Europea hizo
público un comunicado en el que señala que los derechos especiales
que el Estado portugués mantiene sobre la compañía de
telecomunicaciones Portugal Telecom son "incompatibles con la
legislación europea".
Añade que "constituye una restricción injustificada al libre
movimiento de capitales y al derecho de establecimiento,
dificultando tanto al inversión directa como la cartera de
inversiones".
Bruselas abrió un procedimiento contra el Gobierno portugués por
esta acción de oro ante el Tribunal de Justicia de la UE en 2008 y
el próximo 8 de julio publicará la sentencia.
El abogado general de tribunal ya ha publicado su opinión que
recomienda al Tribunal de Luxemburgo que declare ilegales estos
derechos especiales del Estado.
Telefónica no se ha manifestado sobre las próximas acciones. EFE