La Paz, 23 abr (EFE).- Los campesinos bolivianos del departamento
de Potosí (suroeste) que desde hace once días bloqueaban la vía
férrea hacia Chile suspendieron temporalmente la medida tras lograr
acuerdos iniciales con las autoridades regionales, informó hoy una
fuente oficial.
El ministro de Minería, José Pimentel, confirmó a los medios que
los campesinos decidieron levantar el bloqueo tras lograr ayer
algunos compromisos en torno a sus demandas por parte del gobernador
de Potosí, el oficialista Mario Virreira.
"Se ha levantado el bloqueo que estaba instalado en la estación
Eduardo Abaroa (en la frontera con Chile). Se han solucionado los
problemas locales y hay un compromiso de hacer una reunión el 11 de
mayo", dijo Pimentel.
Los campesinos protestaban para exigir que la minera San
Cristóbal, filial de la japonesa Sumitomo en Bolivia, pague un
impuesto por el agua que consume y que la gobernación cumpla con
varios proyectos prometidos para la electrificación y la mejora de
las comunicaciones en la zona, entre otras demandas.
Una de las condiciones que puso el sector para levantar el
bloqueo fue que a la reunión de mayo próximo asistan autoridades del
Gobierno y de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC), además de ejecutivos de San Cristóbal, cuyas operaciones han
sido perjudicadas por las protestas.
Según medios locales, los que bloqueaban la vía férrea amenazaron
con volver a movilizarse si esta exigencia no es atendida.
San Cristóbal, que en el año 2008 pasó de manos de la
estadounidense Apex Silver a ser propiedad de la japonesa Sumitomo,
explota plata, zinc y plomo en una de las minas más grandes a cielo
abierto del país.
Durante sus protestas, los lugareños incendiaron la semana pasada
unas oficinas de la empresa situadas en la frontera y derramaron
concentrados de mineral que debían enviarse a Chile.
En días pasados, el canciller boliviano, David Choquehuanca,
aseguró que la minera "saquea" minerales y no paga ni un centavo por
los 600 litros de agua por segundo que consume, lo cual ha sido
negado por la compañía, que ha afirmado que cumple "estrictamente"
con todas las normas bolivianas.
Pimentel ratificó hoy que el Gobierno de Evo Morales respeta las
actividades de San Cristóbal, enmarcadas en la normativa vigente
para el sector minero, si bien recordó que los actuales contratos de
explotación y la ley minera serán adecuados a la Constitución
Política del Estado (CPE) vigente desde 2009. EFE