Bruselas, 3 nov (EFE).- La Comisión Europea advirtió hoy de que
España tendrá que devolver los 1,3 millones de euros procedentes del
Fondo de Cohesión de la UE si se demuestra que el Ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) emitió facturas falsas para
justificar el uso irregular de las ayudas.
"Si los fondos fueron mal utilizados por error o fraude, no
desaparecerán", indicó a Efe el portavoz comunitario de política
regional, Dennis Abbott, quien aclaró que son los estados miembros
los responsables de "prevenir, detectar y corregir estos errores".
"Si los estados miembros no toman las medidas necesarias, la
Comisión Europea aplicará una corrección financiera", añadió.
Según se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón sobre la supuesta trama de corrupción en Santa
Coloma -conocida como operación "Pretoria"-, el Ayuntamiento de esta
localidad emitió posibles facturas falsas para justificar el uso
irregular de fondos europeos para la cohesión, por valor de 1,3
millones de euros.
En concreto, el juez subraya que el consistorio de Santa Coloma
modificó supuestamente el destino de los fondos de la UE o empleó
una suma menor a la declarada al realizar los pagos relacionados con
unas expropiaciones en la localidad, en las calles de Sardana y de
Sant Pasqual, cuya gestión correspondía a la empresa municipal de
promoción inmobiliaria Gramepark.
La CE precisó que de momento no se ha puesto en marcha ninguna
investigación sobre el caso desde Bruselas, pero recalcó que el
Ejecutivo comunitario sigue de cerca las novedades sobre el dossier.
"Las autoridades españolas están investigando las alegaciones, lo
que prueba que el sistema funciona como debería", afirmó Abbott.
Según los datos de Bruselas, el nivel de fraude o supuesto fraude
en relación a los fondos estructurales y de Cohesión es
"extremadamente pequeño".
En concreto, de acuerdo con la oficina europea de lucha contra el
fraude (OLAF) los casos en los que existe una sospecha de fraude
representan menos del 0,2 por ciento de los pagos realizados por la
CE en el marco de la política de Cohesión entre 2000 y 2008 -lo que
equivale a 383 millones de euros-.
Es decir, que en el 99,8 por ciento de las ayudas de este tipo
que concede la UE no se han detectado irregularidades.
En este contexto, la CE informará este jueves de los detalles de
la gestión financiera comunitaria antes de que el próximo día 10 el
Tribunal de Cuentas de la UE presente su informe sobre el gasto en
el periodo 2008-2009. EFE