Miami (EE.UU.), 21 jul (EFE).- Los abogados de la compañía
petrolera Citgo pidieron hoy a una juez de EE.UU. anular una demanda
presentada en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por
presuntos actos de terrorismo y violación a los derechos humanos.
La acción judicial fue presentada contra Chávez, varios
funcionarios de su Gobierno y Citgo, que es filial en EE.UU. de la
estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Citgo indicó que por sus vínculos con PDVSA quieren
responsabilizarle, junto a otros ocho acusados, de supuestas olas de
violencia en Venezuela y una guerra civil en Colombia.
Además, de presuntos envíos ilegales de armas de Rusia,
narcotráfico, de propagar una "agenda comunista marxista-leninista"
al hemisferio Occidental y de ataques terroristas de Al Qaeda, los
talibanes, Hesbollah y Hamas.
"La única conexión entre Citgo y este catálogo de miserias
humanas" son sus nexos con PDVSA, señalaron los abogados en el
documento judicial de 21 páginas al que tuvo acceso Efe.
Al tiempo que consideraron que la demanda es un "manifiesto
intento de hostigar al Gobierno de Venezuela y obtener atención
hacia los puntos de vista políticos de los demandantes, o, lo más
probable, de su abogado".
Freedom Watch, una organización no gubernamental de EE.UU.,
interpuso la demanda colectiva en abril pasado en un tribunal de
Miami a nombre del periodista venezolano Ricardo Guanipa, quien
tiene asilo político en EE.UU. desde el 2005.
Guanipa negó a Efe que la demanda tenga fines políticos. "Soy un
periodista que por reportar hechos del Estado venezolano, con audio,
arremetieron contra mí", agregó el comunicador.
En la demanda se indicó que los recursos de Citgo provenientes de
la venta de petróleo presuntamente son usados por Chávez para
"apoyar el terrorismo y otros delitos contra la humanidad,
incluyendo amenazas de muerte, arrestos, tortura y asesinato".
Chávez en abril pasado desestimó las informaciones relacionadas
con la demanda.
Freedom Watch, que defiende las libertades civiles y los derechos
humanos, busca una compensación de 5.000 millones de dólares por
daños punitivos.
El equipo de abogados de Citgo, con sede en Houston (Texas), dijo
que los demandantes no afirman que esta empresa participó, dirigió o
fomentó las presuntas acciones mencionadas en la acción judicial,
por lo tanto no puede ser responsable de las mismas.
Asimismo, notificaron a la jueza encargada del caso, Cecilia
Altonaga, que la demanda debe ser anulada por su explícita
naturaleza política que necesariamente implica cuestiones políticas
no justificables.
Altonaga ahora debe analizar los argumentos de ambas partes y no
tiene un plazo definido para pronunciarse.
La acción judicial se interpuso basada en una ley estadounidense
que penaliza la tortura y otorga jurisdicción a los tribunales de
este país para escuchar los casos relacionados con ese tipo de actos
presuntamente cometidos fuera de sus fronteras. EFE