Washington, 25 jun (EFE).- El proyecto final de la mayor reforma
del sistema financiero de Estados Unidos en siete décadas, que pasa
ahora a votación en ambas cámaras del Congreso, incluye entre otros
los siguientes puntos:
- Más supervisión gubernamental: la legislación crea un consejo
supervisor de 10 miembros que vigilarán los principales problemas en
todo el sistema financiero. El Departamento del Tesoro tendrá
atribuciones para imponer regulaciones más estrictas para las firmas
más grandes.
- Liquidación de bancos: los reguladores tendrán más atribuciones
para liquidar las compañías bancarias que hayan crecido demasiado,
pero sólo si alguna de estas firmas amenaza con desestabilizar el
sistema financiero.
- Atribuciones para liquidar las firmas financieras: la
legislación otorga a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos
(FDIC por su sigla en inglés) la autoridad para liquidar las firmas
financieras gigantes de la misma manera que puede hacerlo con los
bancos. Las agencias reguladoras gubernamentales recuperarán
cualquier pérdida incurrida por la clausura de instituciones
financieras cobrándoles una tarifa a las firmas con más de 50.000
millones de dólares en activos.
- Seguro de depósitos: la legislación hace permanente la cifra de
hasta 250.000 dólares en la garantía del Gobierno federal para los
depósitos en bancos, cajas de ahorro y entidades de crédito mutuo,
con retroactividad al 1 de enero de 2008. El Gobierno había
incrementado la garantía desde los 125.000 a 250.000 para evitar un
pánico de los ahorradores en 2008.
- Los bancos que forman "paquetes de especulación" deberán
conservar un 5 por ciento del riesgo de crédito en sus propias hojas
de balance.
- Auditoría de la Reserva Federal: la legislación propuesta
permite que el Congreso ordene a su Oficina de Contraloría una
revisión de las actividades del banco central, excepto la política
monetaria. Las auditorías podrán hacerse dos años después que la
Reserva haga préstamos de emergencia y otorgue ayuda financiera a
las firmas en problemas.
- Incremento de las reservas: las firmas que vendan títulos
respaldados por hipotecas (titulización) deben conservar al menos un
5 por ciento del riesgo del crédito, a menos que los préstamos ya
cumplan con las nuevas normas para la reducción del riesgo.
- Tarifa para el sistema financiero: se impondrá un gravamen a
los bancos y firmas financieras para pagar por los 19.000 millones
de dólares que costará la puesta en práctica de la reforma del
sistema bancario y financiero.
- Hipotecas: se establecerán normas mínimas nacionales para las
hipotecas de vivienda. Los prestamistas, por primera vez, deberán
asegurar que el prestatario puede pagar el préstamo verificando el
historial de crédito y el empleo del solicitante.
- Regulación del mercado de derivados: la legislación intenta una
mayor transparencia en las operaciones con complejos instrumentos de
especulación, llamados "derivados", que formaron parte importante
del colapso de 2008. Bajo esta legislación, la mayoría de los
derivados deberán negociarse en cajas de compensación y mercados
regulados.
- Límites a los riesgos: la legislación restringe el margen de
riesgo que pueden tomar los bancos en transacciones con sus propias
cuentas. La propuesta original hubiese impedido que los bancos
tuvieran propiedad en fondos de especulación, pero la ley acordada
permitirá que los bancos pongan hasta el 3 por ciento de su capital
en estos fondos.
- Las agencias calificadoras de riesgo: bajo esta ley las
agencias que califican el riesgo deberán divulgar sus métodos, y la
Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) deberá elaborar
un método independiente para la vinculación de la agencia
calificadora y las firmas que buscan calificación de su crédito.
- Límites a las remuneraciones de los altos directivos: la
legislación impondrá nuevas reglas sobre la forma en que todas las
compañías cotizadas, y no sólo los bancos y otras firmas
financieras, pagan a sus directivos. Los accionistas tendrán derecho
a un voto de opinión, no vinculante, acerca de la forma en que se
paga a los ejecutivos, tanto en sus remuneraciones durante sus años
de servicio como en los "paquetes de retiro".
- Protección del consumidor: la legislación establece una Oficina
de Protección Financiera del Consumidor, que será una agencia
independiente aunque esté dentro de la Reserva Federal. Esta agencia
se financiará con tarifas pagadas por los bancos, y fijará las
reglas para reducir las prácticas turbias en los préstamos a los
consumidores y las tarjetas de crédito.
--Calificación de crédito personal: todos los consumidores podrán
obtener una vez al año un informe, gratis, de su puntuación para
obtener un crédito, según las agencias de calificación del crédito.
- Tarifas de intercambio: los legisladores quieren que la Reserva
Federal restrinja las tarifas que los comercios minoristas pagan a
los bancos por las ventas pagadas con sus tarjetas de débito. La
Reserva Federal podría poner límites a esas tarifas y hacerlas más
razonables. EFE