Quito, 2 dic (EFE).- La Procuraduría General de Ecuador informó hoy de que prepara la defensa del Estado frente a una demanda presentada por la operadora de generación eléctrica estadounidense Ulysseas, por supuestas violaciones del Tratado Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI).
La multinacional estadounidense reclama al Gobierno de Ecuador una indemnización por, al menos, 56,1 millones de dólares ante las supuestas violaciones a un contrato suscrito en el año 2006 para el suministro de 50 megavatios de energía a través de una barcaza generadora de electricidad, que nunca llegó a operar.
La audiencia en el tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya se llevará a cabo entre el 5 y 9 de diciembre, y la defensa del Estado ecuatoriano estará encabezada por el titular de la Procuraduría, Diego García.
Ulysseas presentó la demanda contra Ecuador en mayo de 2009 bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés), precisó la Procuraduría ecuatoriana en un comunicado.
El alegato de la operadora estadounidense se basa en las supuestas violaciones de Ecuador al Tratado Bilateral de Inversiones en sus apartados sobre "trato justo y equitativo", "falta de protección y seguridad plena a la inversión", "medidas arbitrarias y discriminatorias" y "expropiación".
La Procuraduría asegura que la defensa del Estado ecuatoriano demostrará ante el Tribunal Arbitral "que no existió incumplimiento por parte del Estado, sino que hubo un abandono por parte de la compañía a su propio proyecto de inversión".
Ecuador, añade, presentará el "respaldo de las declaraciones de seis testigos y la intervención de un perito" y "demostrará que siempre se dio un trato igualitario a todos" los operadores eléctricos que suministraban electricidad al país.
Asimismo, recuerda que el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) suscribió el contrato con Ulysseas para "mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico ecuatoriano", que en esa época adolecía de un déficit de generación.
La Procuraduría afirma que la celebración de la audiencia en La Haya, en la que se analizará la cuestión "de fondo" del caso, durará cinco días, lo que refleja la "complejidad jurídica" del mismo. EFE