Quito, 4 may (EFE).- El procurador general de Ecuador, Diego
García, señaló hoy que la estadounidense Chevron-Texaco "utiliza los
mecanismos del tratado bilateral de protección de inversiones entre
EE.UU. y Ecuador para evadir su potencial responsabilidad" en un
juicio ambiental en su contra en el país andino.
García se refirió así al segundo proceso de arbitraje
internacional interpuesto por la petrolera, cuya primera audiencia
procesal se llevará a cabo la semana próxima en Londres.
En un encuentro con periodistas, junto a sus colaboradores,
García repasó la situación judicial entre el Estado ecuatoriano y la
empresa y aseguró que los procesos internacionales de arbitraje
iniciados por Chevron-Texaco responden a su negativa a "recibir una
sentencia" en un juicio por daños ambientales en la Amazonía.
Ese juicio, que se realiza en la Corte ecuatoriana de Lago Agrio,
en la provincia amazónica de Sucumbíos, es producto de un reclamo
iniciado hace casi dos décadas por las comunidades amazónicas que
demandan a la petrolera 27.000 millones de dólares por daños
ambientales.
De acuerdo con García, en el proceso de arbitraje, que se inició
el pasado septiembre en el tribunal internacional de La Haya,
Chevron pretende "trasladarle los resultados del proceso de Lago
Agrio, en el que Ecuador no es parte procesal" al Estado y, si la
empresa es condenada, que el Estado ecuatoriano "tenga que pagar".
En su demanda la petrolera argumenta, entre otros aspectos, que
Ecuador ha violado las obligaciones del Tratado Bilateral de
Inversiones con EE.UU. "por haber permitido la continuidad del
proceso que por remediación ambiental siguen habitantes de la
Amazonía ecuatoriana" en su contra, explicó García.
"Lo que Chevron pretende es que Ecuador paralice el proceso de
Lago Agrio, lo que el Estado no puede hacer porque se trata de una
demanda y un juicio entre partes privadas", agregó.
Asimismo, Chevron busca, que "se declare que no tiene ningún tipo
de responsabilidad derivada de su actividad en Ecuador como
concesionario" y que el Estado y la empresa petrolera pública,
Petroecuador, "son los únicos responsables de cualquier sentencia
dictada en el juicio de Lago Agrio", señaló el funcionario.
No obstante, García aseguró que los procesos que se iniciaron en
contra de la petrolera por daños ambientales se refieren a fechas
anteriores a que Petroecuador se hiciera cargo de los campos que
explotaba Texaco.
Por otra parte, precisó que el argumento de la petrolera de que
el Estado firmó un contrato en el que "se declaró satisfecho" por la
remediación ambiental de los trabajos en la Amazonía, tampoco es
válido pues "los daños ambientales que le son imputados (a la
empresa) rebasan el ámbito del contrato de Texaco con el Gobierno".
"El acta de finiquito que firmaron ambas partes se refiere
únicamente al cumplimiento de las obligaciones que nacen entre
Texaco y el Estado ecuatoriano" y en ella "no se liberaba de
posibles reclamos de terceros, independientes al Estado, como son
precisamente las comunidades indígenas", añadió.
La próxima semana, las partes comparecerán ante el tribunal de
arbitraje para analizar las medidas provisionales pedidas por
Chevron y el calendario procesal.
Ese proceso arbitral se suma a otro, iniciado en 2006, en el que
el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya concluyó, el pasado
marzo, que Ecuador no cumplió con su obligación, fijada en el
Tratado bilateral con EE.UU., de otorgar "medios efectivos para
presentar sus reclamos y ejercer sus derechos" a Chevron en litigios
comerciales y contractuales con el Estado ecuatoriano.
García reiteró la decisión de Ecuador de buscar la nulidad de ese
dictamen, entre otras razones, porque la petrolera no agotó los
recursos judiciales en Ecuador antes de interponer la demanda de
arbitraje y porque sustituye las decisiones de los jueces
ecuatorianos que ya se habían pronunciado sobre esa demanda. EFE
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