Londres, 7 ene (EFE).- El presidente islandés, Olafur Ragnar
Grimmson, ha defendido su negativa a ratificar una ley de
indemnización de acreedores extranjeros sin someterla antes a
referéndum frente a las fuertes críticas de los gobiernos de los
países afectados: el Reino Unido y Holanda.
En declaraciones que publica hoy el diario británico Financial
Times, Grimmson reconoce el revuelo causado por su veto a dicha ley,
pero lo justifica señalando que no ha hecho sino cumplir con la
tradición de Islandia, una de las más antiguas democracias del
mundo, con su decisión de consultar a los ciudadanos.
"La constitución islandesa se basa en el principio fundamental de
que el pueblo es soberano", afirma el jefe del Estado, según el cual
es "responsabilidad del Presidente garantizar que prevalece la
voluntad popular".
El Gobierno británico amenazó esta semana a Islandia con bloquear
su eventual solicitud de ingreso en la Unión Europea si no se
compensa a los 400.000 ahorradores no islandeses - en su mayoría
británicos y holandeses- que perdieron el dinero depositado en
cuentas de internet del banco Icesave.
Tanto Londres como la Haya han insinuado que una negativa
islandesa a devolver los 3.900 millones de euros que adeuda el país
a los titulares de esas cuentas repercutiría negativamente en el
plan de rescate financiero para Islandia por valor de 10.000
millones de euros que lidera el Fondo Monetario Iternacional.
Según Grimsson, es esencial, sin embargo, que la solución de la
disputa goce de respaldo público: "Espero que los ciudadanos de esos
dos países (Gran Bretaña y Holanda) y sus líderes políticos
reconozcan, a tenor de sus viejas tradiciones democráticas, que un
referéndum es un modo democrático de tomar una decisión".
El Parlamento de Reikiavik aprobó por estrecho margen la pasada
semana y tras meses de fuertes debates la ley de indemnización de
los ciudadanos extranjeros afectados, pero el Presidente se negó a
ratificarla en vista de la fuerte oposición popular a un plan que
muchos islandeses consideran injusto e imposible de cumplir.
Tras la decisión del presidente islandés de someter la ley a
referéndum nacional, la agencia internacional de calificación de
riesgo Fitch rebajó la calificación crediticia de Islandia mientras
que Standard & Poor's anunció que haría lo propio. EFE