Europa inaugura un mercado comunitario del sector servicios

Bruselas, 29 dic (EFE).- Las empresas europeas podrán ofrecer servicios en otros países con mayor facilidad a partir de hoy tras la entrada en vigor el lunes de la polémica "directiva Bolkestein", que inaugura un mercado de servicios comunitario.

La norma, que fue adoptada por la Eurocámara y los líderes europeos el 12 de diciembre de 2006 tras una complicada negociación, reduce los trámites burocráticos que afrontan las empresas de servicios para operar en países distintos al suyo, incluso si carecen de filiales en ellos.

Los documentos de residencia y los requerimientos de capital solicitados por algunos países son algunas de las exigencias que quedarán eliminadas tras finalizar el plazo de tres años fijado para transponer la norma a las legislaciones nacionales.

Sin embargo, fuentes comunitarias avisan de que Grecia, Eslovenia, Eslovaquia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Polonia no han completado la transposición de la ley destinada a extender al sector servicios la libertad que ya existe en Europa en mercancías y personas.

Las mismas fuentes aseguraron que todos los Estados miembros están haciendo grandes esfuerzos para adaptarse a la norma y confiaron en que el proceso sea completado en el primer trimestre de 2010.

En España, el pasado 27 de diciembre entró en vigor la llamada "ley ómnibus", que modifica 47 leyes nacionales que afectan a la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad, entre otros, para adaptarse a la directiva.

La ley puso en pie de guerra este mes al sector del taxi, que se manifestó masivamente en Madrid, al considerar que otorga muchas facilidades a las empresas de alquiler de coches con conductor (algo que les quita cuota de mercado).

Finalmente, los taxistas lograron retirar un párrafo del punto 21 de la ley, con lo cual un vehículo de alquiler con conductor no podrá hacer servicios en toda España, sino que su punto de origen siempre tendrá que ser la comunidad autónoma a la que pertenezca.

Durante la tramitación de la ley española, ésta superó otros obstáculos relacionados con los procuradores de tribunales, que han conseguido introducir una limitación para que el ejercicio de esa profesión sea incompatible con otra.

La liberalización también se ha producido en España en los colegios profesionales, por lo que -por ejemplo- a partir de ahora un abogado podrá ejercer en cualquier lugar, sin limitación de su colegiación geográfica.

La polémica directiva que lleva el nombre del ex comisario europeo de Mercado Interior Frits Bolkenstein, autor de la propuesta inicial, encontró desde sus inicios una importante oposición en algunos países como Francia, Alemania y Bélgica, temerosos de que pudiera provocar una reducción generalizada de los derechos laborales en Europa.

La directiva se convirtió incluso en un argumento de los partidarios del "no" durante la campaña del referendo francés sobre la Constitución Europea, pues lo veían como ejemplo de amenaza al modelo social europeo.

Finalmente, la norma logró el sí tras eliminar el "principio de país de origen", en virtud del cual, los operadores trasnacionales sólo se atendrían a la ley del estado donde radicaran (lo que había hecho temer por una masiva deslocalización de negocios a los países menos exigentes).

La versión finalmente sancionada consagra la libre circulación de las empresas de servicios, pero permite a los estados restringir la apertura del sector por razones de "orden público, seguridad pública, protección al medio ambiente o salud pública", siempre que no discriminen entre empresas nacionales y europeas al hacerlo.

Además, la lista de exenciones incluye los servicios no económicos de interés general -tal como los defina cada país- como por ejemplo los fiscales, audiovisuales, notariales, de seguridad, de beneficencia, las empresas de trabajo temporal, la salud y los juegos de azar.

También limita su alcance sobre los llamados servicios económicos de interés general -postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos-.

En el momento de la aprobación, se estimaba que la aplicación de la directiva propiciaría la creación de 600.000 nuevos empleos en la UE, pese a la rebaja del contenido.

La Oficina de Análisis de Política Económica de Holanda estima que aportará entre 60.000 y 140.000 millones de euros de beneficios a la UE, el equivalente a entre el 0,6 y el 1,5% del PIB.

Además, la directiva beneficiará a los consumidores, al prohibir que se apliquen distintas condiciones y tarifas dependiendo del país de procedencia, según la Comisión Europea.

El sector servicios supone el 70% de la economía de la Unión Europea, aunque el porcentaje afectado por la directiva es menor debido a las áreas exentas de su aplicación. EFE