Madrid, 6 oct (EFE).- El gobernador del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, defendió hoy la remuneración que reciben
los altos consejeros del sector financiero en España porque se
aplican con "transparencia", y a diferencia de otros países, no se
dan en bancos con riesgo de quiebra.
Fernández Ordóñez respondió así durante su comparecencia en la
Comisión de Presupuestos del Congreso a la pregunta del diputado de
ICV, Joan Herrera, quien pidió la opinión del gobernador sobre la
pensión vitalicia de tres millones de euros acordada por el BBVA
para su ex consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri.
El máximo responsable del supervisor bancario argumentó que las
retribuciones se hacen públicas y que, lo que hay que tener en
cuenta, es que "hay gente que se lleva una remuneración enorme y lo
que deja cuando se va es un banco quebrado, y ése no es el caso de
España".
No obstante, ante el riesgo de que ello pueda darse en el futuro,
recordó que las autoridades de todo el mundo tratan de buscar
esquemas de retribución.
Posteriormente, insistió ante los periodistas en que la
preocupación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores es que exista transparencia en las remuneraciones de los
consejeros, porque eso ayuda al accionista a juzgar y conocer en qué
proporción se reducirán los resultados de la compañía.
Lo que más preocupa en todo el mundo, dijo, es que esas
remuneraciones puedan dañar a los bancos, por estar ligadas a
beneficios a "muy corto plazo" que puedan aumentar los riesgos de
las entidades.
Contra esto, recordó, trabaja el Comité Europeo de Supervisores
Bancario y cuando se apruebe, se aplicará en España.
Según un documento al que tuvo acceso Efe recientemente, el Banco
de España espera que las entidades de crédito españolas implanten
antes de finales de año las recomendaciones internacionales sobre
transparencia en la política de remuneración de los consejeros y que
ésta sea "coherente" con sus estrategias y el riesgo de sus
operaciones.
En el mismo texto, el supervisor animaba a las entidades a que
evaluarán sus prácticas de remuneración y aplicaran las
recomendaciones internacionales un año antes de que la Unión Europea
las exija a todos los países miembros. EFE
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