Miami (EE.UU.), 18 nov (EFE).- La agencia de calificación de
riesgos Moody's dijo hoy que recortó la calificación de bonos del
Gobierno de Jamaica en moneda local y en moneda extranjera a "Caa1"
desde "B2" y que las opciones de restaurar la sostenibilidad de la
deuda sin una reestructuración están disminuyendo.
La firma también anunció en un comunicado que el panorama de la
deuda es negativo, dejando abierta la posibilidad de nuevos recortes
de calificación y citó preocupación por la demora en alcanzar un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Después de varios meses de negociaciones con el FMI y varios
pronunciamientos indicando un progreso, hay señales de que un
acuerdo con el fondo podría no estar al alcance todavía", dijo
Alessandra Alecci, vicepresidenta y analista senior de la firma de
calificación de riesgo.
"Ese tipo de acuerdo es crucial para mantener la confianza,
satisfacer las necesidades de financiación del Gobierno de este año
y obtener el flujo de divisas necesario para sostener la posición
externa", precisó.
Añadió que aún cuando un convenio del Fondo Monetario
Internacional le diera a la isla caribeña cierto espacio para
maniobrar, el tamaño de la deuda pública de Jamaica es tan grande
que es poco probable que logre restaurar la sostenibilidad de sus
obligaciones a mediano plazo sin algún tipo de reestructuración.
En los últimos años los esfuerzos del Gobierno por realzar la
sostenibilidad de la deuda a través de ajustes fiscales y
estrategias para acelerar el crecimiento económico han fracasado.
La relación deuda pública/PIB se ha mantenido consistentemente
por encima del cien por ciento a lo largo de la última década, con
una relación deuda/ingresos que actualmente se mantiene en alrededor
de 400 por ciento, según Moody's.
Aún cuando el Gobierno no ha divulgado los posibles detalles de
una reestructuración, Alecci dijo que el alto costo del servicio de
la deuda jamaiquina - estimada en más de 55 por ciento de los
ingresos del Gobierno central y 16 por ciento del PIB en este año
fiscal - podría obligar a las autoridades a entrar en discusiones
con acreedores locales. EFE