Quito, 14 abr (EFE).- La Procuraduría General de Ecuador advirtió
hoy del peligro contra la seguridad jurídica de América Latina que
supone el fallo emitido por el Tribunal de Arbitraje de La Haya en
favor de una reclamación de la petrolera estadounidense
Chevron-Texaco, y solicitará la nulidad de ese laudo.
En su fallo emitido el pasado 30 de marzo, el Tribunal de
Arbitraje de La Haya, estableció que Ecuador no cumplió con su
obligación, fijada en un Tratado Bilateral de Inversión con EE.UU.,
de otorgar "medios efectivos para presentar sus reclamos y ejercer
sus derechos" a Texaco en litigios comerciales y contractuales con
el Estado ecuatoriano.
"La decisión adoptada por el Tribunal Arbitral de la Haya sobre
el caso Chevron podría afectar la seguridad jurídica del conjunto de
América Latina", afirmó la Procuraduría en un comunicado, en el que
señala que ese laudo "violenta el principio fundamental del Derecho
Internacional de respeto a las decisiones judiciales" de los países.
Por ello, la Procuraduría (Defensa del Estado) anunció que
solicitará "la nulidad del laudo ante las Cortes de los Países
Bajos, las cuales son competentes en razón de que la sede arbitral
fue fijada en La Haya".
Según el abogado de la Procuraduría Rafael Parreño, "el laudo
parcial de fondo, emitido el 30 de marzo de 2010 por el Tribunal
Arbitral (...), desconoce las sentencias emitidas por las cortes
nacionales" y, además, "se constituye en un precedente internacional
que podría afectar la seguridad jurídica de toda la región".
Para la Procuraduría ecuatoriana, "el caso no se encuentra
cerrado y resta un análisis judicial sobre el contenido del laudo
arbitral".
Además, advirtió de que la demanda de Chevron contra el Estado
ecuatoriano en La Haya obedece a una estrategia de defensa de la
petrolera para intentar evitar una posible condena en otro proceso
por daños ambientales que se sigue en una corte ecuatoriana.
Indígenas y colonos que habitan en la Amazonía ecuatoriana
mantienen por más de once años un proceso contra la petrolera
estadounidense por supuestos daños ambientales dejados en esa zona,
durante el periodo en que Texaco operó en el país entre 1972 y 1995.
En el proceso, que se sigue en la Corte de Justicia de la
provincia amazónica de Sucumbíos (noreste), los demandantes
solicitan a la petrolera una indemnización de 27.000 millones de
dólares por daños al medio ambiente y a las personas.
La Procuraduría, en su comunicado, señaló que, la controversia
con Chevron surge de "una estrategia global de defensa de la
compañía" y ratifica que el Estado ecuatoriano "no es parte de dicho
proceso judicial ni tiene interés en el resultado del mismo", aunque
la petrolera ha acusado al Gobierno de Quito de incidir en el
proceso. EFE