San Pedro de Macorís (R.Dominicana), 9 jun (EFE).- Unos 500
empleados haitianos de un ingenio azucarero de San Pedro de Macorís
(este de la República Dominicana) comenzaron hoy a comparecer ante
la Justicia para exigir que la empresa, para la que llevan
trabajando años, les suministre contratos escritos que regulen sus
derechos laborales.
Las declaraciones comenzaron con 62 haitianos que acudieron a la
corte de apelación de Trabajo en demanda de contratos, seguros y
otras prestaciones al ingenio Cristóbal Colón C. por A.,
perteneciente al grupo empresarial Vicini, para el que muchos de
ellos llevan trabajando varias decenas de años.
Guillermo Jean, que lleva desde los diez años trabajando en la
empresa, pidió hoy contratos para él y sus compañeros, además de
paga de navidad, bonificaciones y pensiones para los empleados
retirados.
"Cuando uno trabaja y llega diciembre sabe que le espera algo,
pero a nosotros nunca nos han dado nada. Estamos cansados", dijo a
Efe tras prestar declaración.
"Ahora las cosas están terribles. Los padres no pueden comprar a
los muchachos un cuaderno ni les pueden dar de comer bien", aseguró
Jean, quien dijo que gana unos 400 pesos dominicanos (11 dólares) a
la semana.
"Me duele ver a los muchachos gritar a sus madres, porque cuando
un muchacho grita es porque necesita algo", añadió en un trabajoso
español.
La corte de apelación se ocupa de este caso al haber recurrido la
compañía una sentencia anterior del juzgado de Trabajo que la
obligaba a formalizar los contratos por escrito.
El tribunal ha fijado para los próximos días las comparecencias
de 300 de los 500 trabajadores.
Las de hoy fueron las primeras de una serie de declaraciones
fijadas para este mes en lo que, según los abogados de los
trabajadores, es un caso sin precedentes en la República Dominicana,
tanto por el tipo de reclamación como por el gran número de
demandantes y su condición de inmigrantes.
La empresa se niega a confeccionar los contratos porque alega que
los trabajadores son "trashumantes".
"Son trashumantes, no paran en un sitio, muchas veces duermen en
un batey (nombre que reciben los poblados en los que habitan los
trabajadores) y al otro día no amanecen allí, cogen sus bártulos y
se van", dijo a Efe el abogado de la compañía, Mario Carbuccia.
Según el letrado, "no hay un control de esa población flotante
para poder hacer un contrato, porque nada asegura que van a
permanecer los seis meses de zafra", el tiempo de corte y
recolección de la caña de azúcar.
Los abogados de los trabajadores, sin embargo, rechazan este
argumento, que consideraron un mero "pretexto".
Hay trabajadores que "dicen que están aquí desde el año 1967",
explicó a Efe el letrado Natanael Santana, quien mencionó el caso de
un empleado que "fue repatriado, pero en cuestión de semanas estaba
de nuevo" en las plantaciones.
"Son trabajadores a los que ellos han estado pagando, les han
dotado de documentación y, es más, viven en los bateyes", afirmó.
Su compañera, Noemí Méndez, agregó que la exigencia de contratos
escritos obedece a que el hecho de que "sea verbal deja a la buena
fe de la empresa una serie de condiciones que son indispensables"
para una adecuada relación laboral.
Los empleados, algunos de ellos vestidos con sus mejores ropas,
dejaron hoy los humildes bateyes y abarrotaron la sala de
audiencias.
Allí permanecieron varias horas para prestar declaración ante los
magistrados, que les preguntaron por la antigüedad de su relación
con la empresa, la labor que llevan a cabo y otros detalles de su
situación laboral. EFE
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