San José, 9 oct (EFE).- Un grupo de ambientalistas cumplió hoy un
día en huelga de hambre frente a la Casa Presidencial en Costa Rica
como protesta contra una polémica mina de oro a cielo abierto en la
zona norte del país, cuyo futuro se definirá en un juicio que está
en curso.
Con pancartas y camisetas, el grupo de ambientalistas del
movimiento "Ni una sola mina", están afincados en una pequeña zona
verde en las cercanías de la Casa Presidencial y afirman que estarán
allí "hasta que el organismo aguante", pese a la lluvia, a una
estricta vigilancia policial y a la falta de condiciones higiénicas
adecuadas.
Su intención es que la presidenta costarricense, Laura
Chinchilla, derogue un decreto firmado en 2008 por el anterior
mandatario, Óscar Arias, que declaró de "conveniencia nacional" el
proyecto minero Las Crucitas, de la empresa Industrias Infinito, de
la casa matriz canadiense Vanessa Ventures.
El ambientalista Víctor Rojas declaró hoy a Efe que la iniciativa
se llama "Ayuno por la vida" y busca "sensibilizar a la Presidencia
para que derogue el decreto que no tiene fundamento legal y mucho
menos moral".
"Es inaceptable que nos impongan la minería de oro a cielo
abierto por decreto", afirmó Rojas, quien aseguró que el principal
riesgo ambiental es que en la mina "se usará cianuro en una zona de
riquísima biodiversidad y acuíferos".
La empresa se ha defendido en los últimos meses aduciendo que
ofrecerá empleo en una zona pobre del país, que reforestará cientos
de hectáreas de terrenos y que utilizará las prácticas más modernas
de una "minería verde".
La mina ha recibido todos los permisos del Gobierno para su
funcionamiento y pretende extraer 700.000 onzas de oro (19,8
toneladas) en 10 años, valoradas en unos 800 millones de dólares.
Sin embargo, la construcción de los tajos de extracción está
paralizada, pues el Tribunal Contencioso Administrativo realiza en
la actualidad un juicio en el que se analiza la legalidad de varios
permisos otorgados.
Chinchilla, quien firmó en su primer día de Gobierno un decreto
de moratoria a nuevos proyectos de minería metálica a cielo abierto,
que no incluyó a Las Crucitas, ha dicho en varias ocasiones que
prefiere dejar este asunto en manos de los tribunales.
El Gobierno de Nicaragua también se ha quejado oficialmente
porque la mina se ubicaría a unos tres kilómetros del fronterizo río
San Juan. EFE
dmm/lbb/cpy