Roma, 25 nov (EFE).- Un nuevo tratado cuyo objetivo es cerrar los
puertos pesqueros a los barcos involucrados en la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (conocida por sus siglas, INDNR), ha
sido aprobado por la Conferencia de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y el Desarrollo (FAO).
Una vez entre en vigor, será el primer acuerdo legalmente
vinculante a nivel internacional centrado en hacer frente a este
problema, refiere la FAO en una nota.
Será además el único tratado que junto a los Estados de pabellón,
responsables en primera instancia de la conducta de los barcos que
operan bajo su bandera en alta mar, implica a otros Estados
distintos del de pabellón en la lucha contra la pesca INDNR, añade.
El acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto "para
prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada entrará ahora en vigor, una vez haya sido ratificado
por 25 países".
Los once primeros Estados miembros de la FAO firmaron el tratado
de forma inmediata tras ser aprobado por la Conferencia, se trata de
Angola, Brasil, Chile, la Comisión Europea, Indonesia, Islandia,
Noruega, Samoa, Sierra Leona, Estados Unidos y Uruguay.
Con su adhesión al tratado -refiere-, los gobiernos se
comprometen a prevenir, disuadir y finalmente eliminar la pesca
INDNR, incluyendo tomar medidas para evitar la entrada en sus
puertos de los barcos dedicados a la pesca ilegal, impidiendo así
que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado
internacional.
Al impedir una gestión responsable -añade-, la pesca INDNR daña
la productividad de la pesca, y podría llevar incluso a su colapso.
Entre las actividades ilícitas más comunes de la pesca INDNR
figuran el operar sin la autorización apropiada, capturar especies
protegidas, utilizar aparejos ilegales o ignorar las cuotas de
capturas.
Entre las medidas clave que los Estados rectores de los puertos
se comprometen a cumplir, figura, "que los barcos de pesca
extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar
permiso con antelación en una serie de puertos especialmente
designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el
pescado que llevan a bordo", subraya.
Asimismo, los Estados rectores de los puertos llevarán a cabo
inspecciones regulares como el examen de la documentación del navío,
de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora,
que puede a menudo desvelar si ha realizado actividades de pesca
ilícita, afirma la nota de la FAO.
También deben garantizar que los puertos cuentan con el equipo
adecuado y que los inspectores están bien formados, explica.
Otra medida es que cuando a una embarcación se le niegue el
acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa
información públicamente y las autoridades nacionales del país de
pabellón del navío deben tomar las medidas consiguientes.
Estas medidas se aplican a los barcos de pesca extranjeros que
están bajo una bandera diferente a la de los Estados rectores de los
puertos, sin embargo los países pueden también aplicarlas a sus
propias flotas pesqueras, matiza
"Las partes firmantes del acuerdo están obligadas a vigilar su
cumplimiento de forma regular, y está prevista una revisión a fondo
cuatro años después de que la entrada en vigor del Acuerdo",
concluye. EFE