Bruselas, 27 ene (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) reprochó hoy
al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, no haber podido
pronunciarse sobre el acuerdo provisional con Estados Unidos para el
uso de datos de transacciones financieras del consorcio bancario
internacional Swift.
Ese acuerdo se aprobó en el Consejo de Ministros de la UE el 30
de noviembre, bajo presidencia sueca.
Los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo recriminaron al titular
español que la Eurocámara no pudiese votar sobre ese acuerdo, que
prorrogaba con cambios mínimos el que ya existía con Washington.
Caamaño precisó en unas declaraciones tras su comparecencia que
intentó "explicar por qué el Consejo de la UE no pudo esperar para
tomar la decisión de prorrogar el acuerdo con Estados Unidos".
Según el ministro, se gestionó un acuerdo provisional para
garantizar la seguridad debido a la reestructuración interna de
Swift.
"Se trata de un acuerdo provisional, para garantizar el status
quo de la seguridad y el compromiso con EEUU", dijo Caamaño a los
europarlamentarios, a quienes justificó la decisión de los
Veintisiete de prorrogar el acuerdo Swift porque "no haber mantenido
ese estándar de seguridad podría haberse considerado un paso atrás
en la lucha contra el terrorismo".
"Será el Parlamento Europeo el que tenga la última palabra y por
eso durante la prórroga es el momento de reflexionar sobre este
acuerdo", tranquilizó el titular español de Justicia a la
Eurocámara, que podrá pronunciarse en febrero.
La UE y EEUU negociarán un acuerdo definitivo, que debe
alcanzarse antes de septiembre, y sobre el que sí se pronunciará
previamente el Parlamento Europeo.
Swift es un consorcio bancario internacional, con sede en las
afueras de Bruselas, que gestiona aproximadamente el 80 por ciento
de la información sobre transferencias financieras entre distintos
países.
Caamaño detalló ante esa comisión del PE algunas de las
prioridades españolas en materia de Justicia para este semestre,
como la orden de protección de víctimas, entre otras medidas de
reconocimiento penal mutuo.
El titular de Justicia destacó la necesidad de "armonizar las
legislaciones europeas en materia de derechos y garantías procesales
en el ámbito penal", como el servicio de traducción e interpretación
en los procedimientos penales.
En este ámbito, Caamaño apostó por que sea durante este primer
semestre del año cuando se apruebe la directiva de derechos del
detenido, que establecerá garantías mínimas comunes para todos los
Estados miembros.
Por otro lado, el ministro afirmó que está a la espera de la
nueva propuesta de la Comisión Europea sobre un registro de datos de
pasajeros aéreos (PNR) en territorio europeo, y afirmó que "será
necesario un equilibrio entre las exigencias de la seguridad y las
de la protección de la intimidad". EFE