Gobierno argentino en nueva disputa con la petrolera anglo-holandesa Shell

Buenos Aires, 18 ago (EFE).- El Gobierno argentino oficializó hoy una norma que obliga a las petroleras a retrotraer los precios de los combustibles al nivel del 31 de julio pasado, medida que afecta a la anglo-holandesa Shell.

"Cada uno de los integrantes de la cadena de comercialización, intermediación, distribución y/o producción, podrá denunciar su incumplimiento", señala una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado que entrará en vigor este viernes.

La medida, basada en la Ley de Abastecimiento, que permite regular los precios, afecta a Shell debido a que es la única que aplicó ajustes de sus tarifas en agosto.

Los otros afectados son estaciones de gasolina independientes de las petroleras que también han aumentado sus precios en lo que va de este mes.

Entre enero y julio pasado, los precios de los combustibles registraron aumentos del 20 al 30 por ciento, por lo que la semana pasada la Secretaría de Comercio anunció la aplicación de la normativa que fue oficializada hoy para frenar las subidas.

Las gasolinas cuestan en Argentina entre 0,95 y 1,10 dólares por litro, según los casos, con lo que este país es uno de los que tienen los más bajos precios de los combustibles junto con Venezuela, México y EE.UU., según fuentes del mercado local.

Shell aplicó sus últimos ajustes, que oscilaron entre el 0,2 y el 1,8 por ciento, el 2 de agosto, mientras que sus competidoras, YPF, filial del grupo hispano argentino Repsol-YPF, la estadounidense Esso y la brasileña Petrobras, lo habían hecho en julio.

La Federación de Empresarios de Combustibles, que reúne a gasolineras independientes, asegura que es imposible retrotraer los precios porque en ese caso su negocio dejaría de ser rentable.

El presidente de Shell de Argentina, Juan José Aranguren, recordó a radios locales que la compañía considera "inconstitucional" la aplicación de la ley de Abastecimiento, razón por la que mantiene una batalla legal con el Gobierno de Cristina Fernández.

"A nosotros se nos impusieron multas y también causas penales por presunto desabastecimiento. Ninguna de esas multas ha sido pagada, todavía nadie ha ido a prisión y seguimos discutiendo en la Justicia", apuntó el ejecutivo.

La Ley de Abastecimiento, promulgada en 1974 y actualizada por decreto en 2002, establece sanciones a las empresas que no suministren en forma normal la provisión de un producto e, incluso, habilita penas de prisión para quienes vayan contra sus disposiciones.

Shell mantiene una tensa relación con las autoridades argentinas desde 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner llamó públicamente a un boicot popular contra la petrolera, a la que acusó de aumentar sus precios en forma injustificada. EFE