Caracas, 30 jul (EFE).- El Gobierno del presidente venezolano,
Hugo Chávez, anunció hoy que toma posesión "formal" de las empresas
cementeras Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia), tras haber ordenado
pagos por un 40 por ciento de las acciones de cada una de ellas.
Por ese 40 por ciento del capital accionario de ambas empresas
cementeras se pagó un total de 378.434.865 dólares, según lo
"acordado con los propietarios", dijo en un comunicado el ministro
de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
"El Estado venezolano, con este pago, toma posesión de estas
empresas de manera formal", reiteró al tiempo que informó que existe
un plazo de cuatro años para pagar, "sin intereses", un monto no
revelado por un porcentaje asimismo no especificado del resto de
acciones.
En el caso de Holcim, el Gobierno venezolano suscribió a inicios
de año un memorando que estipuló que la empresa cedería el 85 por
ciento de sus acciones, pero el comunicado de Cabello no especificó
si en los próximos cuatro años debe pagar por el 60 por ciento del
total de las acciones restantes o únicamente por el 45 por ciento.
La nota ministerial también dio cuenta de que, "hasta este
momento no ha sido posible obtener una negociación en los mismos
términos con la filial local de Cementos Mexicanos (Cemex), pues la
empresa fue abandonada y desmantelada".
La nacionalización del sector se formalizó con un decreto que el
Gobierno venezolano promulgó el 18 de junio de 2008.
En el caso de Cemex, se informó entonces que ésta pedía por sus
activos 1.300 millones de dólares, pero que el Gobierno de Venezuela
los había valorado en 400 millones de dólares.
Chávez dijo con posterioridad de que hasta el próximo 26 de
septiembre se fijará "un precio justo, en función de los informes de
varias auditorías" en marcha.
El acuerdo con Holcim supone el retiro de una demanda de
indemnización que la empresa presentó a inicios de año ante el
tribunal arbitral internacional del Banco Mundial.
El Gobierno venezolano ha destacado que ese tipo de demanda ya no
es posible, una vez que se ha legislado al respecto y los contratos
que el Estado suscribe actualmente contemplan a la justicia
venezolana como la única instancia admitida para resolver disputas.
EFE