París, 20 jul (EFE).- El Gobierno francés aseguró hoy que la
decisión de las autoridades ecuatorianas de "asumir el control" de
los yacimientos explotados por la franco-británica Perenco no ayuda
a atraer inversiones hacia aquel país.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores en París explicó que "la
decisión de las autoridades de Quito no sirve para atraer las
inversiones extranjeras a Ecuador ni para crear el clima de negocios
propicio al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales
que desea Francia".
"Hemos conocido la decisión de las autoridades ecuatorianas de
asumir el control de los campos petrolíferos de Perenco, como
consecuencia de las diferencias que mantienen con esta compañía
franco-británica", dijo el portavoz, Fréderic Désagneaux.
"Lamentamos que no hayan aplicado las mismas medidas
provisionales decididas por el tribunal de arbitraje el 8 de mayo de
2009", agregó el portavoz.
El litigio, recordó la fuente, "consiste en eventuales retrasos
en el pago de impuestos y fue sometido a arbitraje internacional
conforme al acuerdo bilateral de 1994 sobre fomento y protección
recíproca de inversiones".
El portavoz del Gobierno galo se refirió al escrito del pasado 5
de junio de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, dirigido
al Ministerio ecuatoriano de Minas y Petróleo y manifestó que
Francia desea "la reanudación del diálogo entre el grupo petrolero
Perenco y las autoridades ecuatorianas".
Además, Desagneaux expresó la confianza en que se protejan "los
derechos de la compañía franco-británica".
La posición de las autoridades francesas se conoce después de que
el pasado sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, asegurara
que Perenco "ordenó parar la producción" de los campos que opera en
la Amazonía de Ecuador y que los trabajadores impidieron esa
suspensión.
Correa calificó de "prepotentes" a los responsables de Perenco, a
quienes acusó de pretender tratar al país "como colonia".
La decisión de Perenco responde a un contencioso entre Ecuador y
la compañía, por el cual la petrolera no pagó una deuda, equivalente
a unos 327 millones de dólares, derivada de la aplicación de la Ley
42, que obliga a las operadoras privadas a entregar al Estado el 50
por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta
del crudo ecuatoriano, debido a su alto precio.
El Estado ecuatoriano dispuso el embargo y posterior remate del
crudo de la compañía hasta la recuperación total de la suma adeudada
más los intereses.
La petrolera interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una acción contra la Ley
42, tras la cual, el centro de arbitraje dispuso suspender una
acción coactiva iniciada por la petrolera estatal Petroecuador.
Quito considera que la acción de embargo y remate es procedente,
debido a que la decisión del Ciadi es posterior a la acción legal
emprendida por el Estado. EFE