Caracas, 14 ago (EFE).- La Asamblea Nacional venezolana aprobó
esta madrugada una ley que permite al Estado apropiarse de terrenos
urbanos improductivos para desarrollar programas sociales de
vivienda, y que además regula los asentamientos populares.
Con urgencia reglamentaria y por unanimidad, el pleno de la
cámara venezolana, de mayoría oficialista, aprobó la Ley Especial de
Tierras Urbanas, basada en la premisa de la "función social de la
propiedad urbana", informó hoy la estatal Agencia Bolivariana de
Noticias.
El texto legislativo, según la agencia estatal, señala que la
tenencia de la tierra improductiva que, expresa, se manifiesta a
través de grandes monopolios inmobiliarios, son "rémoras de una
sociedad rentista contrapuesta a los objetivos de inclusión social y
productividad".
De esta forma, la ley establece que el Estado se podrá apropiar
de aquellas tierras urbanas sin uso ubicadas en áreas centrales de
las ciudades y en los municipios, donde establecerán programas
sociales de viviendas para garantizar "el derecho a la vivienda
digna en las zonas urbanas".
Asimismo, regula los asentamientos urbanos populares (también
llamados "ranchos") donde los ciudadanos de menores recursos han ido
construyendo sus viviendas sin disponer de la propiedad de la
tierra.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, estableció recientemente
un nuevo programa de viviendas bautizado "Barrio Nuevo" con el que,
dijo, su Gobierno pretende sustituir las casas precarias por otras
dignas para "que no exista un rancho más en Venezuela".
El Estado, que contará además con prioridad en la adquisición de
terrenos, se reserva en la ley el derecho a enajenar a sus
propietarios aquellas parcelas en las cuales las construcciones se
encuentren en ruinas, con fallas de construcción, deterioradas o
deshabitadas, para desalojarlas y demolerlas.
En cuanto a las tierras que se encuentren en trámites judiciales,
no podrán ser declaradas sin uso hasta que el tribunal se pronuncie,
si bien podrán ser ocupadas temporalmente.
Según la ley, las únicas tierras que quedan excluidas de estas
medidas son aquellas en las que existan proyectos educativos,
asistenciales o de recreo. EFE