Guatemala, 28 jul (EFE).- Centenares de indígenas de comunidades
donde funciona una mina de oro, propiedad de la canadiense GoldCorp,
presentaron hoy una demanda penal contra el presidente de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala, Erick Álvarez, por un
supuesto delito cometido hace nueve años.
Los indígenas acusan a Álvarez de haber promovido en 2001, en
representación de la empresa Peridot, vinculada a Montana
Exploradora, la subsidiaria de Guatemala de GoldCorp, un proceso de
"titulación supletoria" para apropiarse de los terrenos donde
funciona la mina Marlín, los cuales legalmente pertenecen a la
comunidad de San Miguel Ixtahuacán.
"La ley señala que comete delito de falsificación ideológica
quien pretendiera apropiarse de un bien propiedad de un tercero, y
en este caso el señor Álvarez pretendió que su representada se
hiciera de los terrenos donde funciona la mina", dijo a Efe el
abogado Benito Morales, representante de los querellantes.
Se trata, precisó el letrado, de un terreno con una extensión de
20 kilómetros cuadrados, que está inscrito a nombre de San Miguel
Ixtahuacán, en donde a pesar de la oposición de los vecinos desde
2005 funciona la mina Marlín.
Según Morales, el ahora presidente de la CSJ debe ser procesado
por "el delito continuado de falsedad ideológica, debido a que la
acción emprendida en 2001 continúa afectando a los habitantes" de
esa población.
Aunque los tribunales aún no fallan sobre la pretensión de
Peridot de inscribir a su favor el terreno, la mina inició
operaciones hace cinco años, según Morales, "por la complicidad del
Estado que ha apoyado la explotación minera a pesar de que ello
vulnera la salud y seguridad" de los habitantes de las áreas
vecinas.
El pasado 21 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Estado guatemalteco suspender de
forma "cautelar" las operaciones de la mina Marlín debido a que la
misma ha causado daños a los pobladores de las comunidades Sipacapa
y San Miguel Ixtahuacán, así como a sus fuentes de agua y medio
ambiente.
El 23 de junio pasado el Gobierno anunció que acatará la orden de
la CIDH, por medio de un proceso administrativo, pero no precisó
detalles sobre la suspensión de las operaciones de esta mina.
Según cifras oficiales, en promedio cada año la mina Marlín
produce 250.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata.
La querella en contra del presidente de la CSJ es respaldada por
la Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos, el Consejo de
Pueblos de Occidente, la Fundación Rigoberta Menchú Tum y la Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).
De ser admitida la demanda, la Fiscalía deberá solicitar al
Parlamento retirar a Álvarez el derecho de inmunidad de que goza y
suspenderlo del cargo para que pueda hacer frente a las acusaciones.
EFE
ca/rsm/cpy
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Indígenas demandan a presidente de Corte Suprema de Guatemala por asunto mina
Publicado 28.07.2010, 20:28
Indígenas demandan a presidente de Corte Suprema de Guatemala por asunto mina
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