Bruselas, 25 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) propondrá el
próximo miércoles que el nivel de endeudamiento privado sea tenido
en cuenta en el procedimiento sancionador que el Ejecutivo
comunitario abre contra los países que han incurrido en un déficit
excesivo, según informaron hoy fuentes comunitarias.
Bruselas incluirá esta idea dentro de la propuesta que presentará
la próxima semana para endurecer la vigilancia presupuestaria en la
Unión Europea, reclamada con insistencia por países como Alemania
para evitar la repetición de una crisis de deuda como la iniciada en
Grecia.
Actualmente, la legislación europea fija en el 60% del PIB el
nivel máximo de deuda pública en que pueden incurrir los Gobiernos,
pero este factor no es vinculante a la hora de abrir un
procedimiento o sancionar a un país.
Sin embargo, Bruselas desea aprovechar la concienciación sembrada
a raíz de la crisis del euro para incluirlo como un elemento
decisivo junto al nivel máximo de déficit, establecido en el 3% del
PIB.
En este sentido, la deuda privada no sería un componente
vinculante a la hora de sancionar, pero sí sería tenida en cuenta,
según fuentes comunitarias, lo que afectaría negativamente a países
como España, con un nivel de endeudamiento del sector privado
(hogares y empresas) 61 puntos porcentuales superior a la media de
la zona euro, según un informe publicado ayer.
Los líderes europeos reunidos la semana pasada en Bruselas ya
respaldaron la posibilidad de dar "un papel mucho más destacado a
los niveles de deuda" en el proceso de vigilancia presupuestaria.
Sin embargo, el planteamiento barajado hasta ahora por el grupo
de trabajo liderado por el presidente del Consejo Europeo, Herman
Van Rompuy, excluye poner en marcha un procedimiento para la "deuda
excesiva" y prefiere la opción de "iniciar el procedimiento de
déficit excesivo más pronto para los países que no reduzcan la deuda
con suficiente rapidez".
Por otro lado, la propuesta que presentará el próximo miércoles
el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, también
abordará el endurecimiento de las sanciones para los países
infractores.
Fuentes comunitarias explicaron que el planteamiento de la
Comisión descarta castigos políticos como la retirada del derecho de
voto a los países que violen la disciplina presupuestaria de forma
recurrente.
Esta posibilidad es defendida por el Gobierno alemán pero
requeriría una reforma del Tratado de Lisboa, a la que se oponen
numerosas delegaciones y que también es descartada por la Comisión
Europea.
Bruselas prefiere que los castigos consistan en la suspensión de
ciertas ayudas europeas a los países infractores reincidentes, una
posibilidad que ya está contemplada en la reglamentación
comunitaria, pero que Bruselas quiere ampliar para que no afecte
sólo a los países que reciben fondos de cohesión (económicamente más
atrasados).
La "comunicación" (informe no legislativo) que será presentada el
miércoles desarrolla las ideas adelantadas el 12 de mayo, en las que
también se enunciaba la posibilidad de instaurar un "semestre
europeo" dedicado a la sincronización de las políticas económicas,
en el que la CE examinaría las grandes líneas de los presupuestos
nacionales antes de que éstos fueran aprobados por los respectivos
parlamentos.
Barroso se comprometió la semana pasada a tener lista una
propuesta legislativa en septiembre próximo, que pueda ser aprobada
antes de final de año por los Veintisiete y la Eurocámara, con idea
de que la Comisión pueda examinar los primeros proyectos
presupuestarios en la primavera de 2011.
Sin embargo, la cumbre celebrada en Bruselas dejó al descubierto
que esta idea despierta el escepticismo de algunos países, en
especial del Reino Unido, lo que ha obligado a Van Rompuy a
desmentir que Bruselas pretenda invadir competencias de los
parlamentos nacionales.
Por otro lado, la Comisión también precisará el miércoles sus
propuestas para evaluar las divergencias de competitividad entre las
distintas economías europeas, que se han acentuado durante la
crisis, aunque volverá sobre ellas en septiembre. EFE