La UE aprueba formalmente nuevas normas para las agencias de calificación

Bruselas, 27 jul (EFE).- La Unión Europea ha aprobado hoy formalmente las nuevas reglas para las agencias de calificación de riesgos y otras medidas destinadas a reforzar la vigilancia de estas entidades, a las que se considera parcialmente responsables de la actual crisis financiera.

Además del marco jurídico para las agencias de calificación, los Veintisiete han adoptado las nuevas normas sobre los requisitos de capital de los bancos, sobre pagos transfronterizos y servicios de monedero electrónico, medidas que constituyen una parte importante del plan impulsado por la UE el pasado otoño para hacer frente a la crisis.

Estas iniciativas han sido aprobadas sin debate por el Consejo de Asuntos Generales y Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Las nuevas normas refuerzan la vigilancia sobre las agencias de calificación, que no fueron capaces de detectar el deterioro de las condiciones del mercado que desembocó en la crisis financiera, según afirma hoy el Consejo de la UE en un comunicado.

La principal medida del paquete es la creación de un registro de estas agencias controlado por el Comité europeo de reguladores bursátiles (CESR, en sus siglas en inglés), una institución que verá aumentadas sus competencias en el ámbito de la supervisión.

Además, se aumentan las exigencias para garantizar que las agencias cuenten con la información suficiente para emitir calificaciones y para evitar conflictos de intereses, dado que evalúan a las mismas entidades que pagan sus servicios.

La nueva legislación potencia también la independencia de las agencias, que estarán obligadas a contar con varios administradores independientes, cuya retribución no esté supeditada a los resultados de la agencia.

Estas entidades estarán sujetas a nuevas exigencias de transparencia y, así, tendrán que publicar un informe anual sobre sus actividades y divulgar la identidad de sus veinte clientes más grandes, en relación con los ingresos que les proporcionan.

Asimismo, la nueva normativa sobre pagos transfronterizos obligará a igualar los gastos que las entidades cargan al cliente por la domiciliación de recibos en entidades de otros países de la UE a los que aplican en el ámbito nacional.

La medida pone estos servicios en la misma situación de otros ya cubiertos por la normativa comunitaria, como las transferencias bancarias, los pagos electrónicos y la retirada de efectivo en los cajeros.

Al mismo tiempo, reduce las obligaciones de notificación para los bancos que actualmente frenan las operaciones, según las instituciones europeas.

Por otra parte, le nueva directiva sobre requisitos de capital de los bancos endurece la legislación en este ámbito con vistas a "corregir las debilidades detectadas a causa de la crisis financiera", según la UE.

Las reglas buscan mejorar la coordinación entre la supervisión de las autoridades nacionales, a través de la armonización total de las normas de notificación de información a nivel europeo para 2012, además de la creación de "colegios de supervisores", presididos por la autoridad del país donde la entidad tiene su sede, para vigilar a los bancos transfronterizos.

Otra de las principales novedades es que se obligará a las entidades financieras a quedarse como mínimo el 5 por ciento de las emisiones de productos estructurados -como las hipotecas titulizadas- que coloquen entre los inversores.

Para reducir los riesgos asociados a la interconexión entre entidades, se limitará la exposición a terceros al 25 por ciento de los fondos propios, entre otras medidas.

En cuanto a los servicios de monedero electrónico, la UE ha adoptado una normativa que promoverá el uso de estos nuevos sistemas, actualmente poco utilizados en los Veintisiete, para garantizar que éstos sean "a la vez innovadores y seguros", y facilitando la competencia entre las entidades que los oferten.

Por último, se ha aprobado un programa que permitirá a la UE la contribución a la financiación de determinados organismos, tanto europeos como internacionales, con vistas a garantizar la eficacia de las políticas europeas en el sector financiero, el acceso a la información en este ámbito y el control legal de las cuentas. EFE