Estrasburgo (Francia), 7 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) dio
hoy el paso definitivo para limitar a partir del próximo enero las
primas a los banqueros, pero sigue sin lograr un acuerdo entre la
Eurocámara y los gobiernos de los estados para poner en marcha un
nuevo y más estricto sistema comunitario de supervisión financiera.
El pleno del Parlamento Europeo (PE) se pronunció hoy, con un
gran consenso entre las fuerzas políticas, sobre los dos expedientes
que forman parte de la respuesta europea a la crisis financiera.
En el primer caso, una abrumadora mayoría de los diputados apoyó
el acuerdo negociado con los estados miembros para poner límite a
las bonificaciones que reciben los banqueros, que se aplicará a
partir de enero.
A partir de 2011 sólo un 30 por ciento de las primas que reciben
los ejecutivos de la banca podrán pagarse en efectivo -un 20 por
ciento en el caso de las más grandes- y al menos la mitad de esas
retribuciones tendrán que abonarse como capital contingente, es
decir, dinero al que pueda recurrir la entidad en caso de
dificultades.
Además, el pago de entre el 40 y el 60 por ciento de las primas
se deberá aplazar al menos tres años y el banco podrá recuperarlas
en caso de que las inversiones no tengan los resultados esperados.
Las nuevas normas introducirán limitaciones específicas para los
bancos rescatados con fondos públicos y establecerán que el
reembolso de las ayudas tendrá que ser la prioridad.
Para la Eurocámara, las nuevas normas pondrán fin a una "cultura
de primas de alto riesgo" que "daña la economía" y termina por hacer
que sean los contribuyentes los que paguen por los problemas de las
entidades.
"Ya que los bancos no han conseguido introducir reformas, somos
nosotros los que hacemos el trabajo por ellos", señaló hoy la
ponente del informe en el PE, Arlene McCarthy.
La nueva normativa incluye también un refuerzo de los requisitos
de capital para los bancos, con los que la UE quiere garantizar que
las entidades cuenten con liquidez para hacer frente a eventuales
crisis.
En contraste con el acuerdo sobre la remuneración de los
banqueros, la UE sigue enzarzada en discusiones en torno al nuevo
sistema de supervisión financiera que pretende tener en
funcionamiento a partir del 1 de enero.
El Parlamento Europeo hizo hoy una demostración de fuerza y
aprobó con amplísimas mayorías sus enmiendas a la propuesta de los
estados miembros, dejando claro que no está dispuesto a aceptar una
vigilancia poco estricta o fraccionada a escala nacional.
El mensaje de los diputados es de firmeza, pero a la vez de
voluntad negociadora, pues decidieron no completar la votación de la
primera lectura del expediente para dar tiempo a continuar el
diálogo con los gobiernos y tratar de obtener un acuerdo que pueda
ser ratificado en septiembre.
El diputado español José Manuel García Margallo, uno de los
principales responsables del dossier, explicó hoy que la Presidencia
de turno belga pidió tiempo a los diputados para tratar de acercar
posturas y que el tiempo ha sido concedido.
"La pelota está ahora en manos del Consejo", señaló, destacando
el consenso inusual que hay en el PE para defender una supervisión
estricta con las cuatro fuerzas principales, desde conservadores a
verdes, actuando unidas.
El caballo de batalla entre los parlamentarios y los gobiernos
siguen siendo esencialmente los poderes reales que se le concederán
a las nuevas autoridades supervisoras europeas para la banca, los
mercados y las aseguradoras.
El PE defiende que estas instituciones puedan emitir decisiones
vinculantes para las entidades financieras cuando los supervisores
nacionales fallen a la hora de hacerlas desistir de prácticas poco
sólidas, así como dotarlas de poder para resolver disputas entre las
autoridades de distintos países.
Además, insisten en que los supervisores europeos sean los
encargados de vigilar las instituciones más importantes de carácter
trasnacional.
Mientras, algunos países encabezados por el Reino Unido, son
reacios a ceder estos poderes a los órganos europeos.
Los eurodiputados, en cualquier caso, siguen confiando en lograr
un acuerdo, gracias a la contribución de la Presidencia de turno
belga, con la que ya han logrado algunos avances.
Según fuentes parlamentarias, Bélgica estaría dispuesta incluso a
"trocear" el paquete legislativo para que la aprobación de algunos
puntos polémicos no requiera la unanimidad de los estados miembros
que necesitan otros aspectos, lo que impediría que uno o dos países
veten la decisión. EFE