Los 27 aparcan el debate lingüístico para avanzar en la patente europea

Bruselas, 4 nov (EFE).- Los ministros de Competitividad (Industria, Mercado Interior e Investigación) de la UE decidieron hoy aparcar el debate sobre los aspectos lingüísticos para avanzar en la creación de un sistema común de patentes para todos los estados miembros.

Este proyecto lleva décadas bloqueado por la división entre los países que, como España, apuestan por un nuevo modelo de patente comunitaria; y los que prefieren el modelo ya vigente de patente europea, que en la práctica implica aceptar que éstas sólo se registrarán en inglés, francés y alemán.

Aunque la aprobación final de la patente no podrá realizarse sin el capítulo lingüístico, los Veintisiete acordaron hoy desbloquear las negociaciones sacando el idioma de las discusiones.

Este aspecto se discutirá en un reglamento aparte, que tendrá que ser aprobado por unanimidad a partir de una propuesta de la Comisión Europea.

Las divergencias deberán ser abordadas, por tanto, durante el próximo semestre, en el que España ocupará la presidencia de turno de la Unión, lo cual no deja de ser un asunto espinoso teniendo en cuenta que España ha sido el país que más obstáculos ha puesto al proceso, al exigir la inclusión del español.

"Es una coincidencia que podría resultar muy útil", dijo el comisario de Industria, Günter Verheugen, tras la reunión, en referencia al papel de mediador y de facilitador de consensos que corresponde al país que ostenta la presidencia de turno.

Uno de los objetivos de la puesta en marcha de la patente común es la de abaratar costes a las pequeñas y medianas empresas; y España considera que este objetivo se vería recortado para las empresas españolas, al tener que incluir los costes de traducción a los gastos de registro.

Así, en un ámbito en el que es imprescindible la unanimidad, España exige que todas las patentes sean traducidas al español y que, en caso de litigio, ésta sea la lengua de procedimiento cuando el demandado tenga domicilio en España.

Pero además, este proyecto que lleva tramitándose durante años, se encuentra con dos obstáculos más.

Por una parte, la modificación de la base jurídica tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que obligará a negociar el borrador con el Parlamento Europeo; y por otra, la opinión del Tribunal de Justicia Europeo, que deberá decidir si el nuevo sistema es compatible con los tratados de la UE. EFE