México, 30 jul (EFE).- El Gobierno mexicano admitió hoy que
algunas tierras subvencionadas a través del Programa de Apoyos
Directos al Campo (Procampo) son usadas para cultivos ilícitos, en
respuesta a la denuncia de un diario de que familiares de
narcotraficantes reciben ese apoyo gubernamental.
En una rueda de prensa el secretario (ministro) de Agricultura,
Alberto Cárdenas, aclaró que el Gobierno mexicano actúa dentro del
marco jurídico al otorgar los 16.803 millones de pesos (unos 1.270
millones de dólares) a los 2,7 millones de productores beneficiados.
No obstante, en algunos casos es difícil asegurarse de que el uso
final de los terrenos es el correcto, dijo.
Por ello reiteró que su ministerio realizará próximamente un
padrón del Procampo para iniciar una depuración y dar de baja al
destinatario del subsidio al que se le detecten irregularidades,
"sin importar al partido que pertenezca o si es funcionario
público".
El diario El Universal publicó el pasado martes que tres hermanos
del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), el actual gobernador de
Durango, Ismael Hernández, y los ex gobernadores Fernando Baeza
Meléndez (Chihuahua) y Maximiliano Silerio Esparza (Durango), entre
otros funcionarios públicos, habían recibido ayudas.
Además, sostuvo que también fueron beneficiados varios familiares
de miembros de los cárteles de Sinaloa, el Golfo, Juárez y del
Milenio se han beneficiado durante años del programa.
Entre ellos estarían Vicente Zambada Niebla, alias "El
Vicentillo", y su hermana, María Teresa, hijos de Ismael "El Mayo"
Zambada, líder del cartel de Sinaloa; Humberto García Ábrego,
hermano de Juan García Ábrego, quien fuera líder del cartel del
Golfo, y Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loeara, hermanos de
Joaquín "El Chapo" Guzmán, del cartel de Sinaloa.
Cárdenas recordó este jueves que para recibir asistencia de
Procampo es necesario demostrar que los recursos son destinados a la
siembra de productos alimentarios.
Además, consideró que no es "ilícito" que un funcionario público
goce de esas subvenciones ni tampoco el familiar de un
narcotraficante, pues "la responsabilidad penal es personal y no se
extiende a familiares".
"Suponer que porque una persona comete un delito es objeto de que
se le prive de un beneficio es plantear un nuevo marco jurídico
penal", precisó en esa misma rueda de prensa el coordinador jurídico
del ministerio de Agricultura, Adolfo González Muñoz.
Desde el inicio de la Administración del presidente Felipe
Calderón (2006-2012), la Secretaría de Agricultura ha cancelado
11.827 ayudas, de las cuales 5.449 se debieron a procedimientos o
siembras ilegales, 5.125 por caducidad de derecho y otras 1.576 por
autoexclusión, según el ministerio.
Ayer el presidente del Senado mexicano, Gustavo Madero, oriundo
del norteño estado de Chihuahua, reconoció que su hermano Evaristo,
es beneficiario del Procampo.
Hoy el propio Cárdenas admitió que también su madre, Margarita
Jiménez, recibía este apoyo pero por cuestión de "ética" se dio de
baja desde "que supo que su hijo sería secretario de Agricultura".
Según el ministerio de Agricultura el Procampo fue elaborado
desde 1994, cuando el país era gobernado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con una vigencia de 15 años,
misma que concluyó este mes.
El PRI estuvo en el poder de 1929 al 2000, año en que perdió la
Presidencia en las urnas ante el conservador Partido Acción Nacional
(PAN), que está en su segundo periodo (de seis años) al frente del
Gobierno federal. EFE
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