Lima, 19 jul (EFE).- La minera Caudalosa, que derramó vertidos
tóxicos en un río de la región peruana de Huancavelica, deberá pagar
al Estado una multa de 36 millones de soles (12,7 millones de
dólares), según una sanción de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
que se conoció hoy.
En un comunicado, la ANA informó de la sanción impuesta,
equivalente a 10.000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por los
daños ocasionados al río Escalera y sus afluentes, después de que el
pasado 25 de junio una poza de relaves (desechos) de la citada
minera se derramara en un río de esa región del sur de Perú.
Como resultado, al menos 21.420 metros cúbicos de desechos fueron
vertidos y contaminaron el 100% del caudal de agua del río Escalera,
así como de sus afluentes Huachocolpa, Opamayo y Lircay, según los
análisis realizados por la Autoridad del Agua de Huancavelica.
El vertido afectó a diez comunidades andinas, el agua e incluso a
animales, ya que algunos metales sobrepasaron el nivel permitido
hasta en un 50% en los ríos afectados.
Según los estudios, difundidos por el portal elcomercio.pe, las
concentraciones de cadmio llegaron a 0,225 miligramos por litro de
agua, cuando el máximo permitido es de 0,005; las de manganeso
alcanzaron los 7,867 miligramos, cuando el máximo es de 0,2; las de
plomo, 0,949 miligramos, más de 18 veces el límite permitido; y se
detectó arsénico, cobre y hierro.
En declaraciones recogidas por el portal, el jefe de Planeamiento
de Obras de la minera, Guillermo Dongo, se mostró preocupado por el
monto de la multa, ya que existe una posibilidad de nueva sanción
por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin).
Este organismo estatal decidió recientemente paralizar la
actividad de Caudalosa en la zona, días después de que el Gobierno
declarara la "emergencia ambiental" por noventa días en el distrito
de Huachocolpa para permitir "la recuperación de la calidad
ambiental y condiciones de vida en la zona afectada".
En su momento, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
(CAOI), que reúne a agrupaciones de Bolivia, Ecuador, Perú,
Colombia, Chile y Argentina, acusó a la minera de no alertar a la
población cuando se produjo el derrame y de no cumplir con el
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que exige la ley.
EFE