Lima, 4 abr (EFE).- Los enfrentamientos hoy entre la Policía
peruana y los mineros que protestan contra una ley que busca
formalizar su actividad deja como saldo un civil muerto, aunque los
dirigentes sindicales han denunciado que son nueve los
fallecimientos.
El director de Defensa de la Federación Nacional de Mineros
Artesanales del Perú (FNMAP), Rafael Seminario, dijo a Efe que "hay
9 muertos por bala y 5 heridos" en el operativo en el que -según
afirmó- "la Policía Nacional o el Ejército disparó a mansalva".
En cambio, según los reportes de Radio Programas del Perú (RPP)
hay 4 muertos y 15 heridos en este confuso operativo realizado por
la Policía en la localidad de Chala, en la región sureña de
Arequipa, para despejar un tramo de la carretera Panamericana.
La vía fue tomada por unas 7.000 personas en el marco de una
protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la minería
informal, que principalmente se dedica a la extracción de oro en la
región de Madre de Dios, en el sureste de Perú, país que se sitúa
como el quinto productor mundial de este metal.
En una rueda de prensa, el primer ministro peruano, Javier
Velásquez, confirmó la muerte de un civil, que, según RPP, fue
identificado como Juan de Dios Larrea, un mototaxista que no estaba
involucrado en las acciones de protesta y murió de un balazo en la
cabeza.
Velásquez también informó de la detención hoy de un civil en
posesión de dinamita y la aparente agresión a un policía en Chala,
días después de que se decomisaran 79.000 cartuchos del explosivo en
la zona.
Por su parte, el presidente peruano, Alan García, manifestó hoy
que el Estado tiene la obligación de demostrar que tiene
"principios", en referencia a la protesta minera.
García salió al frente para defender la medida para formalizar a
los mineros y subrayó que la contaminación llega hasta el Brasil,
tras alertar: "Podemos se juzgados internacionalmente, en cualquier
momento, por permitir una actividad desordenada".
La huelga - que se acata también en Madre de Dios, Apurímac, Puno
e Ica- fue convocada por la FNMAP y la Federación Minera de Madre de
Dios en protesta contra un decreto de urgencia para ordenar la
minería informal en la región de Madre de Dios.
Entre otros, la medida contempla la suspensión del otorgamiento
de derechos mineros por un tiempo indefinido, la prohibición de las
operaciones de dragas (proceso de eliminación de suelo o de
materiales del fondo de ríos, lagos o puertos de mar) en los ríos de
Madre de Dios.
La minería informal, que mueve unos 600 millones de dólares
anuales en Perú, produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro
en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de 40.000
personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000.
Su impacto, según enfatizó hoy el titular del Ambiente, Antonio
Brack, es de "extrema preocupación" porque, además, de no pagar
impuestos, contaminar las aguas y el ambiente, ha envenenado a los
peces comestibles, que ya tienen niveles de mercurio tres veces más
elevados que los permitidos por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Por su lado, el ministro Velásquez subrayó que empresarios
extranjeros, que no identificó, extraen, de forma camuflada, oro a
gran escala en Madre de Dios y, además, ellos están azuzando la
huelga junto con legisladores nacionalistas.
"Estos grandes empresarios mineros, que son rusos y brasileños y
explotan vilmente a la gente en Madre de Dios, han solicitado a los
pequeños mineros dos gramos de oro y a los medianos 25 gramos de oro
para comprar alimentos y contratar vehículos para iniciar esta
huelga", dijo.
Velásquez agregó que la minería informal no solo hace que más de
30.000 familias que se dedican a esta actividad vivan en condiciones
precarias sino que también perpetúan el trabajo infantil, los abusos
sexuales de menores y la proliferación de enfermedades.
El primer ministro pidió que se deponga la medida de fuerza y
recordó que el Gobierno declaró el estado de emergencia en siete
provincias peruanas de cara a la huelga y ordenó el despliegue de
militares en apoyo de policías.
Las manifestaciones en Arequipa se dan cuando todavía escuecen
las heridas de la sangrienta protesta de las comunidades amazónicas
en la provincia nororiental de Bagua, que se saldó el 5 de junio
pasado con la muerte de 24 policías y 10 civiles. EFE
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