Caracas, 5 oct (EFE).- Funcionarios del Gobierno venezolano
comenzaron hoy a ocupar la sede y sucursales de la empresa agrícola
Agroisleña luego de la firma del decreto de "adquisición forzosa"
por el presidente Hugo Chávez y de su publicación en la Gaceta
Oficial de este martes.
Chávez, que firmó el decreto la pasada noche, justificó la medida
afirmando que la empresa hispano-venezolana se había convertido en
un oligopolio que traficaba con fondos obtenidos de bancos estatales
y que vendía algunos productos a un precio de más del 200 por ciento
sobre el recomendado oficialmente.
Según medios locales, se registraron hoy manifestaciones de
rechazo a la expropiación durante la ocupación de algunas
sucursales, como en las de los estados de Aragua y Barinas, mientras
que en otras, como en el estado de Cojedes, la medida contó con el
apoyo de los trabajadores de la firma.
Víctor Hernández, gerente de la sucursal de Aragua, dijo a la
prensa: la expropiación "es un daño para nosotros, que también somos
pueblo, y para Venezuela".
Agroisleña es una firma de capital español con 52 años de
existencia y sucursales en 20 estados de Venezuela, que cuenta con
cerca de 2.000 trabajadores a nivel nacional.
Chávez dijo el lunes que tras la toma de posesión de la empresa
se producirá la "injertación socialista del Estado en la cadena de
distribución de insumos para la producción agrícola".
También garantizó que los dueños de Agroisleña recibirán del
Gobierno el "justo pago" por el valor de la empresa y que "se
resguardará de manera especial los derechos y garantías de sus
trabajadores y los de las empresas asociadas".
Agroisleña emitió ayer un comunicado en el que rechazó "absoluta
y categóricamente" la expropiación y consideró que se basó en una
"información insuficiente y posiblemente distorsionada".
Igualmente pidió a sus trabajadores que mantuvieran la calma y no
realizaran acciones de calle que alteren el orden público.
Mientras portavoces del Gobierno aseguraron que con la
expropiación se abaratarán los precios al consumidor de algunos
productos agrícolas, quienes rechazan la medida afirmaron que
ocurrirá lo contrario por la presunta incapacidad oficial para
dirigir empresas de manera eficiente. EFE