Caracas, 12 ago (EFE).- Los trabajadores de la estatal venezolana
Ferrominera del Orinoco iniciaron hoy una paralización indefinida de
actividades en reclamo del pago de deudas salariales y la supuesta
falta de insumos para la operatividad de la empresa, dedicada al
procesamiento y venta del hierro y sus derivados.
"Estamos parando (las actividades) aquí los trabajadores porque
nos están violando el contrato colectivo", dijo a los medios locales
Ramón Arrioja, operador mayor del Departamento de Producción de
Ferrominera.
Arrioja aseveró que "a esta lucha" se han sumado "todos los
trabajadores" de la Ferrominera, que suman "6.400", quienes se
declararon "en paralización indefinida" o al menos hasta que se
presente el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz,
y ofrezca soluciones.
El portavoz laboral denunció que las deudas salariales que
reclaman incluyen el pago de un "retroactivo desde el 5 de enero al
31 de mayo" pasados, así como otros beneficios monetarios
establecidos en el contrato colectivo.
"Dicen que no hay real (dinero) y que la empresa está en quiebra
(...) nos deben, no tenemos ni papel sanitario, el agua está
contaminada, no tenemos nada (...) los equipos de las minas están
parados por falta de insumos, no hay aceite, repuestos", denunció
Arrioja.
Asimismo, otro trabajador de Ferrominera que se identificó como
Rubén González dijo a la cadena caraqueña Unión Radio que "la gota
que rebozó el vaso" fueron las afirmaciones de líderes sindicales
que en la "empresa no pasaba nada" el pasado sábado, durante una
visita a las instalaciones del presidente venezolano, Hugo Chávez.
El sábado pasado, Chávez visitó las instalaciones de la empresa y
anunció inversiones de unos 313 millones de dólares este año para
reflotar las empresas básicas adscritas a la Corporación Venezolana
de Guayana (CVG), entre ellas Ferrominera.
Chávez también anunció "la creación de la Corporación del Hierro
y del Acero, y de la Corporación Socialista del Aluminio", ambas
adscritas al Ministerio de Industrias Básicas y Minería, como parte
de los planes oficiales de recuperar la productividad de las
empresas básicas de la sureña región de Guayana.
El pasado 16 de julio, Sanz pidió "paciencia" a los trabajadores
de las empresas básicas del aluminio, que entonces reclamaban con
una huelga que se extendió al menos tres días el pago de beneficios
salariales, y anunció la cancelación de esas deudas a partir del 31
de julio próximo.
El ministro recordó en esa oportunidad, que el Gobierno
estructura un plan de inversiones para rescatar a las empresas
básicas, que afrontan graves problemas financieros debido al
"déficit crónico" de caja que arrastran.
Argumentó que, por ejemplo, el "problema estructural" del sector
aluminio "se ha visto agravado con el aumento de los costos de
producción" que cifró en "3.700 dólares por tonelada", mientras que
el producto se vende "a menos de 1.600 dólares la tonelada".
Por su parte, dirigentes sindicales reiteraron en julio pasado
que el Gobierno supuestamente se muestra pasivo ante el
desmoronamiento de ese sector industrial venezolano, donde el grado
de deterioro sería tal que podría colapsar en pocas semanas si no
hay una intervención decidida por parte del Ejecutivo. EFE