Lima, 7 jul (EFE).- El Gobierno peruano estableció hoy que el
valor mínimo para la regalía del gas natural para la exportación no
puede ser inferior al destinado al consumo interno, según un decreto
supremo publicado en las normas legales.
De este modo, el Gobierno admite explícitamente las diferencias
de trato entre el gas comprado por los importadores y el consumido
por los ciudadanos peruanos.
El decreto firmado por el mandatario, Alan García, y refrendado
por los ministerios de Economía y de Energía y Minas, agregó que la
empresa estatal PerúPetro, a cargo de los contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos, iniciará todas las acciones de
renegociación necesarias o convenientes para acordar con los
contratistas las modificaciones de sus contratos de licencia.
El objetivo de la norma es que "cuando el destino final del gas
natural sea la exportación, el valor de la regalía, expresada en
dólares por millón de BTU (la unidad de medida inglesa), no sea en
ningún caso inferior al valor promedio de la regalía del gas natural
destinado al mercado interno".
La norma busca poner fin a la controversia que ha generado en
sectores opositores y de analistas peruanos el inicio, hace un mes,
de la exportación del gas natural, proveniente de la reserva de
Camisea, a México en mejores condiciones de precio y pago de
regalías que el que tienen los consumidores peruanos.
Según los detractores de la exportación del recurso, el Estado
debería asegurar primero la demanda interna, tanto en uso doméstico
como industrial, antes de comprometer sus reservas para la venta al
extranjero.
De los 15 trillones de pies cúbicos de gas de reservas probables,
Perú ha comprometido 4 trillones para la exportación a México
durante los próximos 15 años.
El decreto supremo señala que "a efectos de establecer
condiciones de competitividad para los mercados de exportación y del
mercado interno, resulta necesario establecer disposiciones que
permitan fijar criterios de equidad para la determinación de las
regalías".
La ley orgánica de hidrocarburos daba al contratista la libre
disponibilidad de los recursos que le correspondían conforme al
contrato y podía exportarlos libre de todo tributo, pero sí estaban
obligadas al pago de regalías, un pago al Estado por la explotación
del gas, y al del canon, un porcentaje que era destinado a los
gobiernos locales.
Según el analista Aurelio Ochoa, consultado por el diario La
República, el consorcio Perú LNG, encargado de la exportación del
gas de Camisea, aportaba 0,16 dólares por millón de BTU por concepto
de regalías, mientras que los consumidores pagaban 1,2 dólares por
millón de BTU, seis veces más que los exportadores.
En medio de este panorama, el Gobierno también enfrentaba esta
semana el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) debido
a una marea irregular que impedía el ingreso de buques a la costa de
Lima, según admitió el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
EFE