Lima, 2 feb (EFE).- Las autoridades de Perú y Bolivia se reunirán
el 25 de febrero próximo en el hito 19 de su frontera común para
tratar de la contaminación del río Suches, afluente del Lago
Titicaca, como consecuencia de la minería informal, informaron hoy
medios en Lima.
El representante de la Agencia Técnica de Minería-Suches
(Ingemmet), Yuri Coila, indicó que la cita fue pactada en una
reunión de coordinación previa que se celebró en el distrito de
Cojata (región peruana de Puno), según la Coordinadora Nacional de
Radio (CNR).
El funcionario peruano también manifestó que el alcalde de
distrito de Pelechuco (Bolivia) se comprometió a convocar a las
autoridades más representativas de su país para abordar este
problema ambiental generado por el vertido de aguas ácidas
provenientes de la explotación ilegal de oro en la zona.
Coila también recomendó que se instale controles policiales en el
hito 19 para evitar que los maquinistas peruanos alquilen a los
bolivianos maquinaria pesada para la extracción ilegal de oro.
Por otro lado, los pobladores del distrito de Cojata han
reportado que de 20 a 25 cisternas de combustibles se trasladan
diariamente a la frontera para abastecer a estas maquinarias.
Del lado boliviano presuntamente ingresan de forma ilegal
camiones cargados de combustibles, que posteriormente son llevados a
la mina La Rinconada (noreste de Puno), según denuncias de los
lugareños citadas por la CNR.
El jueves pasado, la Gobernación de la región de La Paz denunció
que empresas mineras peruanas explotan ilegalmente oro en territorio
boliviano al norte de este departamento, donde han entrado con
maquinaria pesada para este fin.
Según la denuncia, los mineros peruanos han desviado las aguas
del río Suches e ingresaron 1.000 metros en territorio boliviano,
entre los hitos 19 y 20, para realizar sus trabajos.
La actividad minera en Puno, donde hay 2.800 concesiones, es
básicamente aluvial (se desarrolla en los ríos) y se concentra
principalmente en las cuencas del Ramis, el Suches y el
Tambopata-Inambari, de acuerdo a un informe del diario El Comercio
publicado en marzo de 2009.
Los pobladores de los asentamientos mineros artesanales e
ilegales viven en situación de extrema pobreza, sin servicios
básicos, y en las actividades de extracción ilegal de oro participan
familias enteras, incluyendo mujeres y niños pequeños.
En Perú, la minería informal produce un estimado de 20 toneladas
anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de
40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000, según
información oficial. EFE