Lima, 15 jul (EFE).- El Gobierno peruano debe realizar "cambios
sustantivos" a su política de promoción de las inversiones mineras
para evitar que sigan aumentando los conflictos sociales en número e
intensidad, según el IV informe del Observatorio de Conflictos
Mineros en el Perú difundido hoy en Lima.
"Los conflictos mineros siguen aumentando en número y sobre todo
en intensidad, lejos de haber encontrado canales de solución en los
que se logren acuerdos equitativos entre poblaciones y empresas
mineras", señala el informe realizado en cinco regiones peruanas:
Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cuzco durante el primer semestre
de 2009.
El reporte señala que se ha entregado en concesión a las mineras
el 53,68 por ciento del territorio de Apurímac, región surandina
donde opera Xstrata en el proyecto "Las Bambas", así como el 44,67
por cien de la superficie de Cajamarca, que cobija a Yanacocha, el
yacimiento aurífero más importante de Latinoamérica.
Asimismo, el 26,16 por ciento del territorio de la norteña Piura
se ha dado en concesión a las mineras, como al grupo Ziyin
responsable del proyecto Río Blanco, el 15,8 por ciento del de
Cuzco.
En Junín, el 22,8 por cien del territorio fue dado en concesión a
mineras, y en esa región se ubica el Complejo Metalúrgico de La
Oroya, la ciudad más contaminada de América, a cargo de la empresa
Doe Run, que afronta una crisis financiera y es cuestionada por el
incumplimiento de un programa ambiental.
El documento indica que muchos de los conflictos socioambientales
registrados en el primer semestre de 2009 coinciden "en la defensa
de zonas ambientales frágiles y de recursos estratégicos para el
país", como la gran protesta amazónica que se saldó el 5 de junio
con la muerte de 34 policías y diez civiles en la provincia
selvática de Bagua.
El estudio realizado por diversas ONGs ambientalistas subraya,
por ejemplo, la inviabilidad de la entrega de concesiones mineras
dirigidas desde el nivel del Gobierno central, sin una previa
coordinación con los gobiernos regionales y locales, ya que las
instancias solo toman conciencia de las partes de los territorios
entregados cuando las empresas empiezan a desarrollar sus
actividades.
También se insistió en que antes de otorgar una concesión minera,
el Gobierno debe tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos, los
derechos de las poblaciones y la cantidad de proyectos en una misma
zona, así como la necesidad de una consulta previa y el
fortalecimiento de la participación ciudadana.
Además, el Observatorio puntualizó la urgencia del ordenamiento
del territorio y la zonificación ecológica económica, el
fortalecimiento de las políticas ambientales, así como las labores
estatales de supervisión y fiscalización, entre otros asuntos.EFE